Son cinco proyectos que incluye la reforma de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensoría para adecuarlos al sistema acusatorio. También se tratará una ley de subrogancias y el informe de apliacación del Presupuesto 2011, entre otros temas.
La Cámara de Senadores sesiona desde las 13.30 con el objetivo de otorgarle media sanción al paquete de proyectos de ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por uno acusatorio con el cual los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la tarea de la investigación de causas penales.
La reunión comenzó con la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y un minuto de silencio en homenaje al exsenador y exgobernador Julio César Humada, quien falleció el 19 de mayo.
No es el único tema de la sesión, aunque sí el principal. También se tratará, entre otros temas, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo de “subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y la cuenta de inversión de 2011, esto es, el informe de aplicación del Presupuesto de aquél año, la única vez que Cristina Kirchner gestionó los gastos y recursos del Estado sin una ley del Congreso.
Asimismo se votará un proyecto para declarar “zona de desastre, emergencia económica y social” a los municipios de las provincias de Neuquén y Río Negro afectados por las cenizas volcánicas provenientes de la erupción del volcán Calbuco, en Chile, lo que implica que el Ejecutivo deberá destinar partidas presupuestarias especiales para atender la situación.
Además, se considerará una iniciativa del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que declara “servicio público esencial” a la prestación de los servicios de navegación aérea y establece la modalidad y tipo de aquellas prestaciones.
Legislación procesal penal
Las leyes propuestas son “de implementación del Código Procesal Penal de la Nación”; de reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y de “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal.
En líneas generales, la oposición respaldó estos proyectos, con la excepción de la reforma del Ministerio Público Fiscal, ya que consideran que el proyecto oficial le otorga demasiado poder a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Durante el debate en comisión, los textos sufrieron modificaciones. La principal es la postergación de la fecha de debut del nuevo sistema procesal penal: estaba programado para el 1 de septiembre en Capital Federal y de manera gradual pero será el 1 de marzo y en todo el ámbito de la Ciudad, como distrito único.
A raíz de la inquietud de los sindicatos, también se incorporaron artículos para “preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos” a los que tenían como empleados del Poder Judicial, en caso de decidir incorporarse a los otros organismos.
La preocupación se debe a que el Poder Judicial perderá la tarea de investigar y a que, en cambio, el Ministerio Público Fiscal -que es un órgano aparte- deberá incorporar nuevos trabajadores para cumplir con esta función.
En el mismo sentido se estableció que los trabajadores judiciales, en caso de pasarse a los ministerios públicos, seguirán teniendo el derecho a ser efectivizados después de cinco años de contrato, tal como sucedería si siguieran en el Poder Judicial.
Por otra parte, la bicameral que estudió la implementación del nuevo Código, presidida por Rodolfo Urtubey (FpV), reemplazará a la comisión de seguimiento creada en el texto original, a raíz de un pedido opositor de no delegar atribuciones propias del Congreso.
Dentro de la bicameral funcionará una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrados entre otros por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y representantes gremiales.
Ley de subrogantes
La iniciativa fue defendida la semana pasada por el subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Nicolás Soler, quien señaló que se busca “modificar y perfeccionar definitivamente el sistema de cobertura de cargos de magistrados de la Justicia nacional y federal”.
“No existe un mecanismo eficiente para la designación de jueces subrogantes y en la práctica esto genera un perjuicio evidente en la administración de justicia y a las personas que esperan respuestas de los tribunales”, indicó el funcionario. Soler sostuvo que de esta manera se pondrá “en igualdad de condiciones jueces y conjueces” y que el mecanismo tendrá como autoridad de aplicación al consejo de la Magistratura.
Por iniciativa del senador kirchnerista Rodolfo Urtubey (Salta) se introdujo una modificación que elimina el plazo de tres años que tienen los candidatos para volver a postularse para el cargo.
Cuenta de inversión 2011
En un debate que no estará exento de polémica, el oficialismo también procurará avalar el balance de resultados que hizo el Ejecutivo sobre la ejecución del Presupuesto de 2011, el único año en el que Cristina Kirchner gobernó sin ley de gastos y recursos del Estado luego de que el oficialismo desistiera de consensuar un proyecto con la oposición cuando esta tenía mayoría.
Con las cuentas de inversión los gobiernos rinden cuentas de cómo se obtuvieron y gastaron los fondos públicos en un año calendario. Por eso es considerada como un acto administrativo de control, en el sentido de que es un medio idóneo para verificar el real cumplimiento por parte del Ejecutivo de lo normado en la ley de Presupuesto y constituye una herramienta para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental.
Pero en este caso será un análisis particular, ya que el Gobierno manejó los gastos y recursos por decreto. Se trata, además, de un intento del Frente para la Victoria de dejar las cuentas en claro antes de que Cristina Kirchner deje el Gobierno en diciembre próximo.
Otros proyectos
El temario de la sesión incluye diversos proyectos de senadores, como la creación de dos juzgados federales de primera instancia con asiento en la ciudad bonaerense de Hurlingham con competencia en materia criminal y correccional y con asienta en la ciudad catamarqueña de San Fernando del Valle de Catamarca.
También figuran un régimen legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille; la declaración de la Rodocrosita (MNCO3) como “Piedra Nacional Argentina”; y una reforma al Código Procesal Civil y Comercial para que el perito deba notificar a las partes en el domicilio procesal el lugar y fecha de inicio de la pericia.
Incluso se tratarán propuestas con media sanción de Diputados. Una es del actual secretario de la Presidencia, “Wado” De Pedro, y busca impedir que en el futuro se privaticen las unidades productivas y fábricas militares dependientes de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
La iniciativa consiste en dejar sin efecto la declaración de «sujetas a privatización», efectuada por el Anexo I del Decreto Nº 1398 de fecha 23 de julio de 1990 y aprobado posteriormente por Ley N° 24.045, respecto de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul, la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, la Fábrica Militar Río Tercero, y la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María.
Otra iniciativa con media sanción es la que declara de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación de la stevia, un edulcorante bajo en azúcar. Fue impulsada por el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, el kirchnerista formoseño Luis Basterra.
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