Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio en la investigación iniciada a raíz de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer. Además, embargó a la exmandataria por 130 millones de pesos. Todos los procesados tienen prohibida la salida del país.
El juez federal Claudio Bonadio procesó este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles en la denominada causa “Los Sauces”, impulsada por la legisladora Margarita Stolbizer (GEN).
El procesamiento alcanza también a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner (FpV-PJ) y su hermana, Florencia; y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. En el fallo, el magistrado prohibió la salida del país de los procesados y embargó a la exjefa de Estado por 130 millones de pesos.
Para Bonadio, tanto el fallecido expresidente Néstor Kirchner, como Cristina Fernández y Máximo Kirchner -accionistas originales de Los Sauces- eran los “jefes” de una asociación ilícita que utilizaba la sociedad para ingresar allí fondos en apariencia lícitos pero provenientes de negocios relacionados con el Estado.
Según el fallo, de casi 400 páginas, “la imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo Nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro socio, Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido-, se firmaban los contratos de alquiler de las propiedades de ‘Los Sauces S.A.’ a fin de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones”.
Bonadio sostuvo que “los alquileres, más allá de lo correcto de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al ‘Grupo Báez’ desde el gobierno nacional por parte o a indicación de la expresidenta”.
Esa secuencia era “dirigida por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y luego del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner”.
“En todos estos casos disimular se traduce como un procedimiento que tiende a crear un ocultamiento o disfraz de la ilicitud del origen de los bienes, y que lleva a esos bienes adquieran apariencia legal”, puntualizó el juez.
“Claramente el objeto del delito es el bien o bienes que provienen de un ilícito penal, el cual como se sostiene es el pago, mediante alquileres, como contraprestación de la obra pública concedida ilegalmente al grupo Báez”, resumió Bonadio.
El cargo específico contra la ex presidenta es el de “tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles”.
La composición de esos delitos puede derivar en una condena superior a los diez años de cárcel.
El resto de los imputados aparecen procesados por una intervención de menor jerarquía en la asociación ilícita, como organizadores” o meros miembros. En todos los casos, los montos de los embargos no bajan de los diez millones de pesos.
En abril de 2016, Stolbizer denunció posibles maniobras delictivas por parte de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. En ese momento solicitó que se investigue la posible falsificación de documentos públicos en la empresa familiar “Los Sauces S.A.”. Posteriormente, amplió la denuncia y pidió investigar los delitos de cohecho, asociación ilícita y operaciones de lavado de dinero.
En la causa se argumenta que existía un flujo constante de dinero, en el cual empresarios como Báez y López -beneficiados con obra pública- devolvían parte de los sobreprecios de esos contratos con el Estado en alquileres de las propiedades en manos de Los Sauces.
Parlamentario
