Se trata de convenios con Francia y Austria, en el caso de materia de tributaria. En lo referido a pesca ilegal es una adhesión a un tratado de 2009. Quedaron listos para ir al recinto.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron dictamen este martes sobre tratados internacionales con Francia y Austria referidos a doble imposición y evasión fiscal. También obtuvo despacho la adhesión a un acuerdo que busca prevenir y eliminar la pesca ilegal.
De esta manera, los proyectos quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto. Se espera que el próximo 18 de marzo formen parte del temario de una sesión acordada por jefes de bloques este martes.
Al inicio del encuentro, el senador Fernando Salino dejó constancia que el interbloque Popular “presentó la nota para integrar la comisión, fue recibida por la Secretaría Parlamentaria, pero los miembros que propusimos no fueron incorporados. No digamos después que no presentamos los nombres”.
El puntano aclaró que respetaron la proporción enunciada por el bloque libertario, sobre que serán 6 y no 5 los miembros que les corresponden. Tras ello, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó la palabra y afirmó que vieron la nota presentada y pidió que le den entrada formalmente. “No tiene que haber problema”, dijo.
Luego, el oficialista Ezequiel Atauche anunció su retiro de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y, en su lugar, fue designado el porteño Agustín Monteverde. “El Presidente quiere un economista al frente”, aseguró el jujeño.
Yendo al temario de la reunión, sobre los tratados de doble imposición con Francia y Austria, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni, recordó que ya contaban con dictamen, fueron tres veces al recinto, pero nunca se aprobaron.
Luego se dio lugar a los funcionarios del Ministerio de Economía que asistieron a explicar el tema, siendo la primera oradora Nora Capello, directora Nacional de Relaciones Económicas Bilaterales, quien detalló sobre el protocolo con Francia: “Establece modificaciones que van a entrar en vigor en el trigésimo día siguiente a la recepción de la última de las notificaciones de cumplimientos de los procedimientos legales internos y, en el caso de Francia, ya ha informado el cumplimiento de sus requisitos el 27 de enero de 2022. Con lo cual restaría lo propio por parte de Argentina”.
La funcionaria indicó que ambos países “tienen un comercio bilateral, que es nuestro caso deficitario para Argentina, tanto en materia de bienes y servicios; y, en materia de inversiones, Francia ocupa el puesto 8° en inversores extranjeros en el país. Con un monto que, a septiembre de 2025, alcanzaba los 7.189 millones de dólares”.
“Las inversiones principales en el caso de Francia tienen que ver con sectores de distribución, automotor, agro alimentario, hidrocarburos y energías renovables”, detalló.
A su turno, la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Balestrini, apuntó que «con Francia ya tenemos un convenio para evitar la doble imposición, lo que estamos haciendo es una enmienda». Sobre los convenios de doble imposición, explicó que son «un instrumento que tiene como finalidad dar certeza jurídica desde el punto de vista tributario para los residentes de los países que celebran ese tipo de instrumentos».
Lo que buscan estos convenios es que «un inversor de cualquiera de las dos jurisdicciones pueda sentirse libre de invertir u operar sin que ello implique que deba abonar impuestos en los dos países. O bien, en el caso que esto ocurra, que en el país donde tiene la residencia pueda computar como pago a cuenta lo que abonó en la otra jurisdicción», precisó la funcionaria.
Aunque admitió que estos tratados no quiere decir que garantizan inversiones, Balestrini dijo que sí pueden producir un «efecto derrame» que «puede ser tentador a la hora de elegir en qué lugar invertir».
Al momento de las consultas, el senador del bloque Justicialista Jorge Capitanich preguntó en relación a la residencia, la ciudadanía por inversión y los cambios en el impuesto a las Ganancias introducido por la Ley de Modernización Laboral.
También, sobre la relación en torno al reciente ratificado Acuerdo Mercosur – Unión Europea, la subsecretaria respondió al chaqueño que «la gran diferencia que hay desde el punto de vista tributario es que (el Acuerdo Mercosur-UE) se refiere a un tema de flujo comercial y gravámenes de índole aduanera. En la doble imposición es en relación al impuesto a las Ganancias y al patrimonio».
Más adelante, sobre el tratado con Austria, Balestrini recordó que existió uno anterior que en su momento se cayó, mientras que el firmado en 2019 contiene «no solamente las alícuotas uniformadas para con el resto de los convenios para el tema de rentas pasivas, sino además todas las cláusulas que modernizan a los convenios hoy vigentes, vinculadas a intercambio de información, establecimiento permanente de servicios, transparencia internacional, cláusulas de salvaguarda para aquellos casos donde implique el uso abusivo del convenio».
«Lo más fuerte del mercado con Austria es la exportación de servicios», señaló y consideró que con este acuerdo eso «se podría potenciar mucho más teniendo reglas claras».
Al tomar la palabra, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, manifestó la importancia de «reafirmar la necesidad de este acuerdo» y reveló que el embajador de Austria en Argentina se reunió con él y le hizo «el reclamo específico sobre este convenio, para establecer la claridad de las competencias». «En las economías regionales son fundamentales estos convenios», sumó.
Concluido el plenario, la Comisión de RR.EE. se abocó al acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, celebrado en Roma, Italia, el 22 de noviembre de 2009, en el marco de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO).
Paoltroni informó que el proyecto ingresó el viernes pasado y expresó: «Por la importancia que requiere su tratamiento no hubo tiempo de tratarlo en asesores». «Creíamos de imperiosa importancia tratarlo hoy» en el contexto del viaje del Presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde está «buscando inversiones», remarcó el senador oficialista.
Desde Cancillería, Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur, sostuvo que el acuerdo «es el principal instrumento legal para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Este tipo de pesca comprende el 20% o 25% de la pesca total global. El acuerdo da facultades a un Estado ribereño para poder inspeccionar y verificar buques extranjeros».
Y profundizó: «Establece la obligación y el derecho de que el buque que va a pedir ingreso a puerto suministre una información muy detallada, respecto no solo del buque sino también de la carga, la bitácora del buque, cómo se realizan las operaciones pesqueras, la cantidad de pescado que ha faenado, qué tipo de autorización tiene».
«No solamente nos brinda una mayor capacidad de control y policial, sino capacidades de información e inteligencia. Establece todo un sistema para compartir información entre las partes», añadió y subrayó que «no se está pidiendo una ratificación porque Argentina no lo firmó», sino que se trata de una adhesión.
Al tomar la palabra, el senador radical Maximiliano Abad opinó que «es un acuerdo importante porque va a permitir prevenir, disminuir o eliminar la pesca ilegal. Va a fortalecer las capacidades del Estado y va a generar cooperación internacional». Sin embargo, » no alcanza para proteger nuestros recursos y a las empresas ante la competencia desleal». «El Estado tiene que tener un plan integral vinculado al fortalecimiento y desarrollo de la industria pesquera y eliminar los derechos de exportación», reclamó.
Parlamentario.com
