Desde FxBA aseveraron que esta decisión «implica debilitar el sistema de comunicación pública de la Ciudad, afectar su patrimonio cultural y generar incertidumbre sobre la continuidad laboral de trabajadores».
Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunciara que buscará avanzar con la concesión de los
medios públicos porteños, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) pidieron a la Legislatura local que exprese su «profunda preocupación» ante esta decisión del Poder Ejecutivo.
Según lo anunciado públicamente, el Gobierno de la Ciudad analiza desprenderse de la gestión del Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad AM 1110 “La Once Diez” y la emisora FM 92.7 “La 2×4”, medios que históricamente han cumplido un rol cultural, informativo y de servicio público para los vecinos.
«Los medios públicos cumplen una función esencial en cualquier sistema democrático: garantizan el acceso a información de interés público, promueven la pluralidad de voces, difunden la cultura local y brindan cobertura a actividades culturales, educativas y comunitarias que difícilmente encuentran espacio en los medios comerciales», advirtieron desde FxBA e indicaron que «esta decisión genera una fuerte preocupación respecto del futuro laboral de los trabajadores y trabajadoras que actualmente se desempeñan en estos medios. La eventual privatización de los mismos abre interrogantes sobre la continuidad de numerosos puestos de trabajo, las condiciones laborales y la preservación de equipos profesionales que durante años han desarrollado contenidos culturales y periodísticos de valor público».
Finalmente, los diputados aseveraron que «mientras se cuestiona el financiamiento de medios culturales e informativos de acceso público permanente, el propio Gobierno de la Ciudad compromete recursos millonarios para eventos deportivos de corta duración y alto impacto publicitario».
«Esta Legislatura no puede permanecer indiferente frente a una decisión que implica debilitar el sistema de comunicación pública de la Ciudad, afectar su patrimonio cultural y generar incertidumbre sobre la continuidad laboral de trabajadores y trabajadoras del sector», sentenciaron.
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