La presidenta del bloque FxBA cuestionó la medida y advirtió que para «los restaurantes, las industrias y los comercios que no levantan no hay una sola política real en ninguno de los proyectos que se votan hoy».
Tras la última sesión ordinaria en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Neira, rechazó con contundencia la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que había sido promovido por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), y alertó que «es inviable» para el distrito capitalino.
En ese sentido, la peronista analizó los tres principales proyectos que se trataron en el recinto: por un lado, una modificación de la Ley de presupuesto de la Ciudad que representa una ampliación del 15,5% para el ejercicio 2026; la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI); y el mencionado RIGI.
«La ampliación presupuestaria aprobada era inevitable: la inflación que el Ejecutivo proyectó para todo el año 2026 se alcanzó en apenas cuatro meses. Sin embargo, es incoherente con el Gobierno Nacional al que han subordinado a nuestra Ciudad: mientras Javier Milei recorta 2,5 billones de pesos del presupuesto nacional, Jorge Macri lo aumenta un 46%. Y lo hace en el peor momento posible, con una triple caída de ingresos —Ingresos Brutos, coparticipación federal y las transferencias por seguridad que Luis Caputo directamente no envía— todas producto de la crisis económica», alertó Neira.
Al mismo tiempo que concluyó aseverando que «en simultáneo, el oficialismo propone aprobar el RIGI y el RIMI. El primero es inviable para la Ciudad porque no existen acá inversiones en los sectores que habilita. El segundo es injusto con quienes ya invirtieron, generando condiciones diferenciadas a costa de más gasto tributario. Para los restaurantes, las industrias y los comercios que no levantan no hay una sola política real en ninguno de los proyectos que se votan hoy».
Cabe señalar que, a través de la adhesión al RIGI, se buscaba incentivar “las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”, “favorecer la creación de empleo” y “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.
Así como también “crear para las ‘Grandes Inversiones’ que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.
Este régimen se circunscribe a proyectos correspondientes a sectores determinados —forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas— y lo reserva a Vehículos de Proyecto Único (VPU), esto es, estructuras constituidas exclusivamente para el desarrollo de un proyecto admitido por el régimen.
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