La misma fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Vivienda, Victoria Freire, y el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, Alejandro «Pitu» Salvatierra, para detener los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales en el distrito.
Semanas después de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciara que recuperó más de 500 propiedades usurpadas, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra impulsaron un recurso de amparo para frenar esta situación, por lo que el el Juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 dispuso como medida cautelar el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales en el distrito capitalino.
El recurso fue impulsado junto a vecinos desalojados y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI), en el que alertaron que entre septiembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, el Gobierno porteño habría desalojado de forma irregular a más de 1200 personas de hoteles familiares, pensiones e inquilinatos. Según advirtieron los diputados y vecinos, el procedimiento se ejecutaba bajo el argumento de «peligro de derrumbe» sin dar intervención judicial, sin debido proceso y sin garantizar una solución habitacional previa, estable y adecuada a las familias.
En la medida cautelar se ordena al Gobierno porteño que “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo, fundadas en razones edilicias, de salubridad, seguridad o riesgo constructivo, sin cumplir previamente con los recaudos mínimos establecidos en la presente” y establece además como regla que debe dar comunicación inmediata al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de turno ante una situación en la que deba intervenir de manera urgente en un inmueble por supuestos riesgos de la estructura edilicia que puedan poner en peligro la salud y la vida de las personas que lo habitan.
Al mismo tiempo, la Justicia dispuso que el GCBA deberá brindar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado” en caso de que la medida impida a las familias pernoctar en sus hogares. Además, citó una audiencia para todas las partes involucradas.
Respecto de la determinación judicial, Freire afirmó que «es muy importante que la Justicia ponga un freno a la prepotencia de Jorge Macri que viene manipulando trámites administrativos para llevar adelante desalojos y dejar a cientos de familias en la calle. Una de cada tres personas desalojadas son niños y niñas” y subrayó que “el Gobierno de la Ciudad vacía y desfinancia toda política de vivienda y persigue y expulsa de la Ciudad a las personas que más necesitan acompañamiento de políticas públicas».
Mientras que Salvatierra destacó que «este fallo es ponerle cordura a la locura que se desató en la Ciudad con los desalojos administrativos, es poner las cosas en su lugar” y sentenció que «no estamos en desacuerdo en la restitución de los inmuebles a sus propietarios, lo que no podemos permitir es que se viole la ley y no se haga con el procedimiento que corresponde. El fallo lo que marca es que no se puede desalojar sin una orden judicial y que la justicia debe intervenir en cada proceso, porque no deja de haber familias en esos inmuebles. Es un paso hacia adelante en una pelea que venimos dando por que se respete la ley y los procedimientos”.
Parlamentario.com
