La Cámara de Diputados de Uruguay rechazó finalmente hoy la anulación de la Ley de Caducidad, que en la práctica impidió el juzgamiento de militares y policías que violaron los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
El debate duró 14 horas y la votación terminó empatada en 49 ante la prevista deserción del oficialista Víctor Semproni, quien argumentó no estar de acuerdo con la solución que había elegido su partido, el gobernante Frente Amplio (FA) e impidió alcanzar la mayoría necesaria.
Con este resultado, el FA sólo podría imponer la ley en una Asamblea Legislativa y con los dos tercios de los votos, lo cual es imposible de acuerdo con la composición actual de ese cuerpo.
Según reseñan Ansa y DPA, Semproni fundamentó en contra y se retiró de la sala para impedir la votación de la «ley interpretativa» de la norma conocida como Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por la cual se desiste de acusar a quienes asesinaron, secuestraron y torturaron durante el gobierno de facto.
«Me voy a comer algo dulce para ahogar las penas», dijo Semproni al salir de la sesión, en medio del abucheo del público, que siguió la sesión que se inició ayer a las 19 y terminó hoy a las 5.30.
Tanto Semproni como los legisladores de la oposición que rechazaron la anulación de la amnistía se retiraron en medio del abucheo del público, que les gritó «traidores».
Algunos miles de ciudadanos se habían congregado en las primeras horas de la tarde en los alrededores del palacio legislativo, sede del Congreso, convocados por la central única de trabajadores PIT-CNT en medio de una huelga general parcial de cuatro horas.
Otros cientos ingresaron a la sala de sesiones para seguir el debate. Entre ellos se encontraban algunos familiares de detenidos-desaparecidos, que hoy realizarán la tradicional «Marcha del silencio» por el centro de Montevideo.
Esa manifestación se realiza cada 20 de mayo en homenaje a todos los desaparecidos y víctimas de la dictadura, y coincide con el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el 20 de mayo de 1976, en Buenos Aires.
Al fracasar la votación de hoy en Diputados, continua vigente la ley 15.848, votada en 1989 y ratificada en plebiscitos de 1989 y 2009, que bloquea algunas investigaciones pero permite juzgar otros delitos como el secuestro de niños y acciones en las que hayan participado civiles.
Fuente: telam
