La Conferencia Episcopal de Nicaragua condenó las irregularidades que dieron la reelección al sandinismo en los comicios del 6 de noviembre. «No hay garantías de fidelidad a la voluntad popular», aseguraron
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En un comunicado firmado por los obispos del país, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se hizo eco de las denuncias de fuerzas políticas y organismos civiles sobre irregularidades ocurridas antes y durante las votaciones del pasado 6 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega resultó reelegido para un tercer mandato.
Los obispos aseguran que el tribunal electoral no actuó «con responsabilidad y honestidad» en los recientes comicios, lo cual puso «totalmente en entredicho» la legitimidad del proceso y el respeto al voto popular.
«El Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha sido capaz de ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad» lo cual provocó «un fuerte descontento» hacia los resultados oficiales. El informe de los jerarcas católicos remarca que «la legitimidad del proceso electoral y el respeto a la voluntad del pueblo han quedado totalmente en entredicho».
Recordaron que en un mensaje emitido un mes ante de la elección, la Iglesia católica constataba «la desconfianza de la ciudadanía» hacia el CSE, creando «un ambiente de recelo y prejuicios».
«Ese recelo y desconfianza popular se ha materializado en las numerosas denuncias que ciudadanos, organismos de la sociedad civil, observadores nacionales e internacionales y partidos políticos han hecho públicas, en cuanto a la falta de transparencia y honestidad con que fueron administrados estos comicios», destacó la CEN.
Los obispos señalaron que las elecciones dieron paso a una crisis y que es obligación de los políticos y en especial del Gobierno «encontrar con urgencia la mejor solución legal y cívica» para superarla.
«Urge recuperar el estado de Derecho, en donde el poder está sujeto a la ley. Si no se logra esto, no habrá avance democrático en Nicaragua y se estarán repitiendo continuamente errores del pasado, que podrían conducir al país a mayores divisiones, enfrentamientos violentos y al retroceso económico y social», advirtieron.
Los resultados oficiales, respaldados por el CSE, arrojaron que el presidente Ortega alcanzó la reelección con 62,5%, mientras que el gobernante Frente Sandinista controlará 63 de los 92 asientos en el Parlamento a partir de enero próximo.
En el mismo sentido, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, anunció que pedirá al presidente Ortega la destitución inmediata de los directivos del CSE, incluyendo su presidente, el magistrado Roberto Rivas.
«Necesitamos que el nuevo CSE sea nombrado a principios de año y vamos a hacer este planteamiento de manera oficial», dijo el líder empresarial en conferencia de prensa, al señalar que esa misma posición la «comparten todas las fuerzas que no son gobierno en este país».
Sumado a las denuncias de fraude en las municipales de 2008 y en los recientes comicios, el titular del CSE ha sido señalado en actos de corrupción. Además, Rivas y sus nueve colegas se mantienen en sus puestos pese a que sus cargos expiraron hace más de un año.
El presidente del Cosep mostró preocupación por el hecho de que el gobernante Frente Sandinista haya obtenido una absoluta mayoría en el Parlamento y abogó para que sus diputados trabajen en base al consenso.
Según el CSE, el partido de gobierno ganó 62 escaños en la Cámara, frente a 26 de la opositora alianza Partido Liberal Independiente (PLI) y apenas dos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ex mandatario Arnoldo Alemán.
Un asiento más lo ocupará el actual vicepresidente, Jaime Morales Carazo, aliado de Ortega y otro el ex candidato presidencial Fabio Gaddea, del PLI, por haber quedado en segundo lugar con un 31,1% de los votos, aunque éste ha dicho que no asumirá su curul en protesta por lo que considera fue «un fraude escandaloso».
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