Es por el uso de la Ley Antiterrorista y por militarizar la región. Un ministro acusó a los aborígenes de tener contactos con las FARC colombianas. Los organismos de Derechos Humanos negaron cualquier relación.
Por: GUILLERMO ALFIERI (Info News)
Después de que el gobierno derechista de Sebastián Piñera decidiera militarizar la Araucanía chilena para encarar las acciones «necesarias» y «enfrentar el terrorismo mapuche», diversos organismos de Derechos Humanos repudiaron la decisión del mandatario y lo responsabilizaron por el espiral de violencia que se desató en la región. También rechazaron la aplicación de la Ley Antiterrorista –que el gobierno ayer volvió a defender– y las palabras del ministro de la Presidencia, Cristian Larroulet, quien aseguró que los mapuches tienen «contactos con las FARC».
«Hay un espiral de violencia que tiene una responsabilidad institucional del gobierno chileno, que no le ha dado soluciones a la demanda territorial del pueblo mapuche», dijo en diálogo con Tiempo Argentino Nancy Yáñez Fuenzalida, codirectora del Observatorio Ciudadano, un organismo de Derechos Humanos chileno. «El Estado actúa con políticas discriminatorias, de represión, salvaguardando los intereses empresariales por sobre los del pueblo mapuche», agregó la abogada.
Después del confuso episodio que derivó en la muerte de dos latifundistas de la zona, el gobierno de Piñera aplicó la Ley Antiterrorista, que rige desde los años de la dictadura y que según el ministro del Interior, Andrés Chadwick, «es fundamental porque necesitamos disponer de mejores herramientas legales para combatir con decisión, con fuerza y sin debilidades los últimos actos terroristas que hemos presenciado».
Esta ley no sólo permitió la militarización de La Araucanía, sino también el encarcelamiento de Ceferino Córdoba, un joven líder mapuche perteneciente a una comunidad lindera al predio donde sucedieron los hechos de violencia y sin ningún antecedente delictivo.
Hasta el momento, el referente mapuche se encuentra detenido e incomunicado por el presunto asesinato del matrimonio de Werner Luchsinger y su esposa Vivian Mackay, ocurrido el viernes pasado. La situación cobra aún mayor gravedad, ya que Córdoba fue encarcelado con una herida de bala en el cuerpo. Sin embargo, su familia desconoce el estado de salud del joven. Tiempo intentó contactarse con personas de esa comunidad mapuche, pero diferentes organismos de Derechos Humanos aseguraron que la situación que están viviendo, de sistemáticos allanamientos y controles, impide por el momento cualquier tipo de comunicación.
En ese contexto, el ministro de la Presidencia Larroulet aseguró, en referencia a los mapuches, que «estamos en presencia de un grupo terrorista organizado, con métodos terroristas, con nexos internacionales con las FARC». La representante del Observatorio Ciudadano, Nancy Fuenzalida, explicó que «los gobiernos siempre vincularon a las comunidades con grupos terroristas para sostener la aplicación de la Ley Antiterrorista, aun cuando no tienen ningún fundamento. Rechazamos totalmente los dichos del ministro.»
En el mismo sentido opinó Lorena Fries, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, quien reiteró «que la Ley Antiterrorista vulnera principios del debido proceso».
Por último, desde el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco, aseguraron que al gobierno de Piñera «le cabe la responsabilidad de crear las condiciones políticas que permitan avanzar efectivamente en un correcto abordaje de los complejos problemas que como región acusa». «
Fuente: Tiempo Argentino – Infonews
