Fue en el marco de un debate organizado por senadores de la oposición, en el que “el proyecto mantiene la matriz energética de los años 90”.
Convocados por el Interbloque de senadores del Frente Amplio UNEN, se realizó este miércoles en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación un debate público de la oposición respecto de la Ley de Hidrocarburos que envió el Gobierno Nacional al Congreso.
Los senadores nacionales Fernando «Pino» Solanas y Rubén Giustiniani, Gustavo Callejas, exsecretario Energía de la Nación; Ariel Caplan, abogado especialista en servicios públicos; y Félix Herrero, abogado, economista y especializado en energía, quienes debatieron sobre los alcances del proyecto de reforma parcial a la normativa que regula la explotación de hidrocarburos en el país enviado por el Ejecutivo Nacional.
Estuvieron presentes además los senadores Mario Cimadevilla y Jaime Linares, y los diputados Fabián Rogel, Oscar Aguad, José Luis Riccardo, Juan Carlos Zabalza y Omar Duclos.
Solanas abrió la audiencia denunciando que “estamos ante un proyecto kirchnerista que ni siquiera Menem se animó a soñar. Esta reforma a la legislación sobre los hidrocarburos es una gigantesca estafa con forma de ley exprés”.
“El kirchnerismo sigue con el modelo de entrega privatizador profundizando la entrega menemista, beneficiando sin límite a las multinacionales y asegurándoles el saqueo masivo del petróleo nacional. La desinformación nos llevó a este desastre. En febrero del 2012, Cristina Fernández aumentó mediante un decretazo el precio del barril de petróleo”, sentenció Solanas.
Para finalizar, el senador de Proyecto Sur-UNEN manifestó que “no hay Nación independiente y soberana sin una política de Estado que administre sus recursos petroleros que son la base de la inversión en trabajo, seguridad social e industria”.
Giustiniani denunció que el proyecto del kirchnerismo es un “traje a medida para la gestión neoliberal de Miguel Galuccio en la petrolera estatal”, advirtió que “autoriza a exportar hasta el 20% de la producción sin retenciones y con libre disponibilidad de las reservas y otorga status legal a los beneficios concedidos en virtud del acuerdo YPF-Chevron”.
El doctor Caplan hizo referencia al amparo presentado por el senador Giustiniani por acceso a la información pública ambiental en relación al contrato YPF Chevron y expresó que “la transparencia es esencial para una política no solo petrolera sino una política general y republicana”.
A su turno, Gustavo Calleja sentenció que “este proyecto limita el ingreso provincial a las regalías (esto no lo hace la Nación), prohíbe el carry (tampoco lo prohíbe la Nación), y prohíbe otorgar nuevas áreas a empresas públicas o con participación estatal cualquiera sea su forma jurídica”.
Félix Herrero, por su parte, manifestó que “el objetivo principal de esta ley es que vengan capitales extranjeros para invertir en fracking. El Gobierno Nacional presenta a Vaca Muerta como una nueva Arabia Saudita, haciendo abuso del llamado ‘eldoradismo’”.
Tanto Calleja como Solanas hicieron una comparación entre el proyecto de ley presentado por el diputado Rogel y el proyecto presentado por el Gobierno.
Los expositores señalaron que el proyecto enviado por la presidenta mantiene el otorgamiento de libre disponibilidad sobre los hidrocarburos extraídos, mantiene la figura de las áreas y de las concesiones, persiste en regalías vergonzosas para el Estado Nacional del 12% con posibilidad de reducirlas hasta un 50%, le otorga garantías de estabilidad fiscal a las petroleras y le mantienen la potestad de manejar las reservas.
El proyecto, además, autoriza concesiones para “fracking” por 35 años, con posibilidades de adosarles los pozos adyacentes. Se cuestionó que “el proyecto mantiene la matriz energética de los años 90, en el cual en materia de petróleo convencional las empresas podrán disponer de las áreas, tal cual lo han venido haciendo estos años, chupando los pozos y cayendo en una desinversión que nos ha sumido en una recesión que está generando una inflación que la están pagando, como siempre, los más pobres”.
Finalmente, los senadores Giustiniani y Solanas -integrantes del Interbloque FAP-UNEN-CCARI- reclamaron al Poder Ejecutivo Nacional un debate amplio y participativo en función de los verdaderos intereses energéticos de la Nación y los ciudadanos y rechazaron enfáticamente “cualquier pacto o negociación a espaldas” de los argentinos y de las provincias del país.
Fuente: www.parlamentario.com
