El ex presidente brasileño 
contra quien la Justicia abrió una investigación por tráfico de influencias, aseguró ser objeto de un procedimiento «irregular» que carece de pruebas.
La Procuraduría Federal de Brasilia anunció ayer la apertura de una «investigación criminal» sobre el supuesto tráfico de influencias con que Lula benefició a la constructora Odebrecht, que así obtuvo créditos blandos del Estado.
«Se trata de un procedimiento absolutamente irregular, intempestivo e injustificado, por lo cual serán tomadas todas las medidas que correspondan para corregir esa arbitrariedad», señaló una nota del Instituto Lula.
«El ex presidente Lula es víctima de una grave violación de conducta por parte del procurador que dio inicio a este proceso», señala la nota de Lula y el Instituto Lula.
El Ministerio Público de Brasilia comunicó ayer que desde el 8 de julio inició una investigación formal por sospechar que las gestiones de Lula ante gobiernos extranjeros permitieron que Odebrecht construya grandes obras con financiamiento de Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
El foco de los fiscales son viajes al exterior realizados por Lula a partir de 2011 luego de concluido su segundo mandato presidencial y fuera sucedido por su correligionaria Dilma Rousseff.
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