La jefa de los fiscales consideró que sería inconstitucional si el Ejecutivo promueve esa acción, tal como se rumorea. Está imputada por la compra de un inmueble y resiste.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que no aceptaría por «inconstitucional» que el Gobierno nacional la destituyera por decreto e indicó que ante una eventual decisión en ese sentido permanecería en su despacho. «Me voy a quedar acá, porque sería un acto inválido por inconstitucional», dijo Gils Carbó. «La única manera de destituir a la procuradora es con las mayorías parlamentarias», afirmó.
Sobre la posibilidad de que la citen a indagatoria en una causa que investiga la compra de un edificio en la calle Perón, donde actualmente funciona la Procuraduría, Gils Carbó le restó importancia al señalar que «no sería la primera vez que me citen a una indagatoria».
«No puedo desatender el rol que me impone la Constitución ante las presiones que se ejercen sobre la Justicia y ante el anuncio de que quieren poner a alguien de confianza del Gobierno», agregó la funcionaria, a quien el Gobierno identifica con la administración de Cristina Kirchner.
Las declaraciones de la jefa de los fiscales coinciden con versiones que circularon en las últimas semanas sobre la posibilidad de que pudiera ser destituida por decisión del jefe de Estado y también de la alternativa de que sea llamada a declaración a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini.
Gils Carbó atribuyó ambos trascendidos a la «presión» que ejerce el Ejecutivo nacional para que abandone su oficina, a la vez que rechazó que el ministro de Justicia, Germán Garavano, le hubiera pedido la renuncia en un encuentro privado. «No es cierto, es parte de lo que se está creando para que el falso rumor pase a ser noticia», analizó.
No obstante, la jefa del Ministerio Público anticipó que si sale el decreto, «haría acciones judiciales» y «habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales».
«No puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales de que también fueran destituidos por decreto y por qué no los ministros de la Corte, si las leyes nos asimilan en todos nuestros regímenes», señaló la procuradora, que en la misma nota dijo que integra la Comisión Directiva de la agrupación Justicia Legítima.
Se trata de «un grupo de magistrados progresistas en el ámbito de la Justicia» que «no tiene afiliación partidaria, como se ha querido hacer creer», señaló la funcionaria sobre Justicia Legítima.
«No tengo vinculación política con el kirchnerismo. Fui examinada durante seis horas por los senadores que votaron en el 93% mi designación. Encontraron garantías de independencia», se defendió.
«No soy militante de ningún partido, siento rechazo y desilusión cuando algún periodista me llama la enemiga del Gobierno. Es algo que se pretende instalar. No soy enemiga ni opositora», se defendió la jefa de los fiscales federales.
www.diariohoy.net
