El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, participó de una reunión informativa de un plenario de comisiones, en el que dio detalles acerca de esa iniciativa y sobre la Ley de Ejecución Penal.
Tal y cómo lo anticipó semanas atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio inicio al debate sobre la creación del Servicio Penitenciario del distrito capitalino y la Ley de Ejecución Penal, por lo que recibió al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y su equipo para que dieran detalles de ambas iniciativas.
El encuentro se llevó a cabo en el marco de un plenario de las comisiones de Justicia –a cargo de Inés Parry (UCR-Ev), Asuntos Constitucionales –presidida por Hernán Reyes (VxM)- y Seguridad –dirigida por Gimena Villafruela (VxM)-. También formó parte de la reunión el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín.
En su intervención, Tapia subrayó que uno de los pilares de la gestión es consolidar la autonomía porteña y destacó que “hoy presentamos el proyecto de creación del Servicio Penitenciario local, junto a una propuesta de Ley de Ejecución Penal” con el objetivo de “contar con un sistema autónomo, que por ahora estará enfocado en los delitos cuya competencia ya fue transferida a la justicia porteña”. Además, anticipó que se trabaja en articulación con el Gobierno Nacional para descomprimir la situación actual en las comisarías de la Ciudad.
Por su parte, Halperín destacó la oportunidad institucional que representa este proceso: “La Ciudad está en condiciones de afrontar este desafío, con un cuerpo legislativo comprometido. Todos los bloques han presentado iniciativas, lo que permite construir una legislación a partir del diálogo y el consenso”.
También remarcó la necesidad de repensar el sistema penitenciario más allá del enfoque punitivo tradicional. “No podemos seguir limitándonos al castigo. El sistema debe ofrecer herramientas reales para que las personas condenadas puedan reinsertarse en la sociedad. El objetivo es que quienes cumplan una pena no regresen en peores condiciones de las que ingresaron”, argumentó.
Asimismo, propuso fortalecer la participación de las víctimas en el proceso de ejecución penal, garantizando su derecho a ser informadas, participar y expresar su opinión ante el juez de ejecución, especialmente en relación con eventuales beneficios otorgados a la persona condenada.
Según la información que compartieron los funcionarios, actualmente, más de 400 personas se encuentran privadas de libertad por decisiones de la justicia de la Ciudad, una nueva realidad, según sostuvieron, que exige decidir cómo intervenir frente a quienes han sido declarados culpables por delitos y deben cumplir una pena.
Además, los representantes del Poder Ejecutivo plantearon el desafío es transformar el tiempo de encierro en un tiempo con sentido, dotando al sistema de herramientas para la resocialización, facilitar el acceso a educación, trabajo, salud mental, vínculos sociales y familiares. También afirmaron que “la sociedad ya no espera solamente que alguien sea castigado, espera que no vuelva a delinquir”.
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