En una nueva ofensiva contra las empresas exportadoras de cereales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció ayer que la Justicia ordenó 165 allanamientos a empresas cerealeras y particulares, presuntamente vinculados con maniobras de evasión fiscal por 310 millones de pesos.
Entre las empresas allanadas -según fuentes judiciales-, se encuentran las multinacionales Cargill, Bunge, Noble, Nidera y las empresas nacionales Vicentin, Molinos Cañuelas, Molinos Río de La Plata, de Gregorio Perez Companc; Aceitera General Deheza, de la familia Urquía, y Grobocopatel Hermanos, de Jorge Grobocopatel. Esta última empresa no tiene vinculación con Los Grobo, que dirige el productor sojero Gustavo Grobocopatel, según aclararon voceros de esa empresa.
Entre enero y marzo, el organismo fiscal ya había realizado otros operativos de esta naturaleza.
En esta oportunidad, el allanamiento de la AFIP, que se extendía hasta la madrugada de hoy, fue decidido por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a raíz de una denuncia del organismo recaudador contra una serie de empresas y profesionales involucrados en una supuesta red para evadir 310 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos.
«Creemos que acá hay una asociación ilícita fiscal y una evasión muy grande, y por eso pedimos los allanamientos. Ahora analizaremos la documentación secuestrada y dictaminaremos si existió el delito de acuerdo con lo que descubramos en cada caso», señalaron Marcelo Quintiliani y José Rodríguez, abogado y contador, respectivamente, de AFIP, consultados por LA NACION.
De acuerdo con los funcionarios, mientras se analiza la documentación las firmas allanadas podrán seguir trabajando con normalidad.
Según informó la AFIP, en la maniobra de evasión se encuentran involucradas unas 200 personas físicas o jurídicas, entre las que se incluyen empresas mixtas, empresas fantasma, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y profesionales que actuaron como testaferros.
De acuerdo con los datos del organismo recaudador, los productores involucrados vendían en negro sus granos a distintas empresas intermediarias constituidas por las asociaciones ilícitas investigadas, las cuales atribuían las compras realizadas a diversos proveedores apócrifos.
Seguidamente, tales asociaciones compraban los granos sin registrar a los agricultores y lo blanqueaban incorporando la mercadería tanto al movimiento físico como al circuito financiero, para luego colocarla en el mercado, generalmente vendiéndola a las grandes empresas exportadoras.
Del operativo participaron 1200 agentes y afectó a 165 empresas y o particulares (77 en Capital Federal y Gran Buenos Aires y 88 en el interior).
Consultadas por LA NACION, ni las empresas afectadas por la medida ni el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) quisieron hacer comentarios sobre la sorpresiva medida. Molinos, por su parte, informó, en una carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el operativo, pero aclaró haber «cumplimentado debidamente todas las disposiciones impositivas vigentes».
Por otro lado, fuentes vinculadas a la industria -que pidieron reserva de identidad- dijeron que en las empresas se cree que esto es parte de una ofensiva armada por el Gobierno para desacreditar a las compañías.
Temor en el sector
«Quieren mostrar a los exportadores como empresas corruptas y evasoras, y después tomar alguna medida drástica para intervenir en el comercio granario o, directamente, nacionalizar todo el negocio», dijeron las fuentes.
El temor se justifica en que la mayoría de las empresas que fueron objeto del operativo de ayer ya habían sido allanadas, acusadas de tener trabajadores esclavos o sancionadas por la AFIP entre enero y marzo pasados.
De hecho, a la fecha las principales comercializadoras de granos (Molinos, Bunge, Dreyfus, Moreno, Cargill, ADM, Alfred Toepfer y Nidera) están suspendidas del Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG) y podrían ser excluidas de él si el organismo recaudador encuentra pruebas de las acusaciones que motivaron esa medida.
En caso de probarse el delito de asociación ilícita fiscal que atribuye la AFIP a las acusadas, las firmas recibirían multas millonarias y sus directivos podrían ser encarcelados por períodos de hasta diez años, aunque la pena es excarcelable.
En principio, trascendió que la postura de las cerealeras será defenderse en la Justicia. Pero mientras tanto, las empresas allanadas que fueron anteriormente suspendidas del registro ya se encuentran con fuertes dificultades para operar en medio de la cosecha.
«Las cerealeras tienen una red de acopios que están con muchos problemas, porque debido a la suspensión del registro de operadores no están recibiendo las cartas de porte que necesitan para poder trasladar los granos, entre otras trabas», contó un conocido corredor que trabaja en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Fuente: lanacion.com
