El Gobierno nacional oficializó el acuerdo con cinco empresas que reclamaban 677 millones de dólares. Habrá un quita del 25% y las firmas invertirán unos 68 millones en BAADE. Era una de las exigencias de Estados Unidos y el Banco Mundial para destrabar un crédito de US$ 3.000 millones.
El Gobierno oficializó el acuerdo con cinco empresas que litigaban contra el país en el Ciadi por 677 millones de dólares, medida por la que debió ampliar la deuda del Estado en 3.000 millones de pesos, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de dos resoluciones.
Por un lado, el Ministerio de Economía publicó la resolución 598/2013 suscripta por su titular, Hernán Lorenzino, mediante la cual se aprobó el «modelo de acuerdo sobre laudos firmes dictados por tribunales arbitrales», en el marco del Ciadi y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).
Bajo ese marco se suscribieron cinco acuerdos con empresas que contaban con laudos firmes, por un total de 677 millones de dólares. «La quita fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual representa un 25 por ciento respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de 171 millones de dólares», se informó mediante un comunicado.
La instrumentación de los acuerdos supone la cancelación de los montos mediante la entrega de una combinación de bonos BONAR X (a pagar en 2017) para el capital y BODEN 15 para los intereses y a una tasa del 7 por ciento anual.
Además, las firmas beneficiadas con el pago del Gobierno suscribirán los bonos BAADE, en efectivo, por el 10 por ciento del monto total reclamado, equivalente a 68 millones de dólares. Según la información oficial, la suscripción al bono energético se concretó ayer.
Según Economía, los acuerdos se celebraron «en condiciones extremadamente favorables para el país», y «no» afectaron «recursos en efectivo ni reservas internacionales». Las empresas favorecidas por el acuerdo son Blue Ridge (titular de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty Co.), Vivendi (Aguas del Aconquija), Azurix Corp, que recurrieron al CIADI, y NG-UN Holdings, tenedora del planteo de «National Grid», que reclamó ante la UNCITRAL.
Por otra parte, a través de la resolución 830 que firmaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y Lorenzino, el Gobierno modificó el Presupuesto 2013 y amplió en 3.000 millones de pesos la deuda del Estado Nacional para hacer frente a los laudos.
En sus considerandos, el texto no ofreció detalle alguno sobre cuánto recibirá cada empresa, y se limitó a mencionar que «las empresas acreedoras reajustan sus pretensiones indemnizatorias, reduciéndolas en no menos del 25 por ciento de la liquidación correspondiente», y que «en dicho marco se suscribieron convenios individuales» para la «entrega de BODEN 15 y BONAR 2017».
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