El juez federal Ariel Lijo se declaró incompetente para investigar la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir por el presunto «encubrimiento» de los sospechoso iraníes en el atentado a la AMIA. Luego de un sorteo, el expediente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, pero.
Con la reanudación de la actividad judicial tras la feria, Lijo se desprendió de la causa que imputa a Cristina de Kirchner y Héctor Timerman, entre otros, y la envió a sorteo. Minutos después, se supo que Rafecas, del juzgado Nº 3, había sido seleccionado y que la pesquisa quedaría en sus manos. Sin embargo, Rafecas está de licencia hasta marzo y la custodia de la denuncia quedó temporalmente a cargo del subrogante Sebastián Ramos, quien también se exusó para invetigar y ahora será la Cámara Federal la que defina.
Para el sorteo se utilizó el Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial de la Nación (SGJ). Un proceso informatizado que se hace en la mesa general de entradas de la Cámara, en el segundo piso de Comodoro Py, cuyos mecanismos fueron establecidos por la Corte Suprema en la acordada 14/2013.
Lijo ya tiene otra causa por encubrimiento del atentado a la AMIA y Nisman la presentó en su juzgado porque consideraba que era una continuidad de las acciones del Estado para impedir el esclarecimiento del ataque. Ámbito Financiero recordó que Nisman sostiene en las páginas 285/286 que presenta su denuncia en el juzgado de Lijo porque éste tiene las investigaciones por el encubrimiento de la causa AMIA, concretamente la pista siria. Sin embargo, es un criterio que no es del todo exacto ya que se trata de un hecho distinto y de también de imputados distintos.
• La exusa de Lijo
Lijo consideró que los hechos denunciados por el fiscal «difieren totalmente» de la investigación que lleva en su juzgado en relación con las irregularidades advertidas en la causa por el atentado que instruyó el ex juez federal Juan José Galeano, ahora a las puertas de un juicio oral el desvío de la investigación.
«Resulta notoria la diferencia existente con el objeto procesal de la causa que tramita ante este Tribunal, por lo que de ninguna forma pueden aplicarse las reglas de conexidad que dispone nuestro código procesal», argumentó. La causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA empezó hace quince años, y en 2005 recaló en el juzgado de Lijo, allí el magistrado investiga hechos ocurridos antes del año 2000 en relación al encubrimiento del atentado.
Una parte está en condiciones de llegar a juicio en el segundo semestre del año. Allí se investiga si el ex juez federal Galeano desvió la investigación dirigiéndola hacia los policías bonaerenses que finalmente quedaron absueltos y participó, junto a otros jueces, fiscales, policías de la Federal y agentes de la SIDE en la eliminación de pruebas. En otro tramo, que aún está en investigación, queda por establecer si el pedido de encubrimiento provino de la Casa Rosada, y tiene entre los involucrados al ex ministro menemista, Carlos Corach.
El juez Lijo señaló que la nueva denuncia implica «una maniobra llevada a cabo entre los años 2011 y 2013 por parte de funcionarios y particulares vinculados al Poder Ejecutivo», que no están involucrados en las otras investigaciones. Y que temporalmente tampoco hay conexión entre ambos hechos, ni motivos que justifiquen que la investigación continúe en el juzgado a su cargo, ya que ni los imputados coinciden en una y otra investigación.
En el escrito el juez Lijo reconoció que ambos casos guardan relación con el atentado, como lo indicó el mismo Nisman. Pero considera que «este argumento es débil en razón de que no existe ningún elemento más allá de una matriz similar -que cualquier caso criminal puede tener- que permita sostener que deben tramitar en forma conjunta».
En los fundamentos además indicó que remitió la denuncia para su sorteo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal «con el fin de resguardar las garantías constitucionales» y para «evitar futuros planteos de parcialidad o nulidad»
Aclaró además que la denuncia presentada por el fiscal en enero no fue acompañada de los elementos de prueba, «requisito esencial para evaluar cualquier caso».
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