Lo hizo luego de que los miembros del G-6 cuestionaran a las Justicia Laboral por asignar jueces cercanos a las CGT. El Ministro aseguró que el reclamo «no tiene fundamentos» y es «poco respetuoso para la trayectoria de los jueces».
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, respondió a las quejas de los empresarios del G-6 por la asignación en la Justicia Laboral de jueces cercanos a la CGT. Así, se introdujo en la puja salarial disparada entre ambos sectores.
Los empresarios habían señalado que veían con “marcada preocupación las designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”. Así, se referían a los recientes ascensos a camaristas de Graciela Craig y de Diana Cañal. La primera es la esposa del asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, y la segunda es cercana al sindicalista Julio Piumato. Algo a lo que la CGT no dio demasiasa importancia, instando a los empresarios a dirigirse al Congreso para discutir la cuestión.
En ese sentido, el Ministro sostuvo que la crítica del G-6 «no tiene fundamento» y es «una falta de consideración sostenida en los prejuicios». Son «poco respetuosas para la trayectoria de los jueces que forman parte de la carrera judicial», agregó.
«Es un tema que no tiene entidad, un reclamo que se repite para tratar de convertirlo en un lugar común, cuando no tiene fundamento. Hablan de 1 o 2 cuando se acaban de nombrar a 12 jueces. ¿De qué lugar provenían la mayoría de los integrantes de fueros laborales en otros tiempos?», preguntó el titular de la cartera laboral.
El funcionario aseguró que «el reclamo del sector a esta altura del año es siempre el mismo, no hay ninguna sorpresa, y es hasta comprensible, porque forma parte del proceso previo al comienzo de alguna negociación colectiva».
En ese marco, dijo que «las negociaciones colectivas en el país han llegado para quedarse, de una forma sin antecedentes en la historia» y expresó su «optimismo» para las conversaciones que se iniciarán este año entre empresarios y sindicatos.
En su documento, los dirigentes empresarios también criticaron la “escalada del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo intimidaciones y actos de violencia, como medio para obtener objetivos particulares”.
En la CGT también contestaron esa acusación. ”No estamos en plan de lucha de la CGT de 1960 cuando se ocuparon 200.000 establecimientos fabriles. Acá sólo hubo algunos hechos puntuales, como el del puerto de San Lorenzo, y en las cabinas de peaje, que fue más mediático que otra cosa”, sostuvo Schmid. El gremialista Omar Plaini, también cercano a Moyano y miembro del consejo directivo de la CGT, añadió: “No hubo actos de violencia en ningún lado, sólo algunos reclamos aislados y legítimos”.
Fuente: lapoliticaonline.com
