Polémica por la iniciativa independentista
El presidente español se refirió así al proyecto secesionista de Cataluña, tras presentar el Gobierno el recurso de inconstitucionalidad para que se suspenda la resolución. Si se acepta el pedido, la iniciativa separatista será suspendida durante un máximo de cinco meses. Se advierta a varios funcionarios catalanes que podrían ser separados de sus cargos.
El Gobierno español impugnó hoy ante el Tribunal Constitucional la iniciativa secesionista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña para iniciar el camino hacia la creación de un nuevo Estado en la región española.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo que no aceptará «que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos». Y ha recalcado que si no se cumplen en Cataluña las resoluciones del TC y se sigue vulnerando la ley, actuará «con firmeza» y con «proporcionalidad».
Tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, reunido hoy en sesión extraordinaria, la abogada general del Estado presentó el recurso de inconstitucionalidad ante el alto tribunal, en el que sesolicita que se suspenda la resolución y todos sus efectos.
El Pleno del Constitucional se reunirá en las próximas horas para decidir si lo admite a trámite. Si es así, lo cual parece probable, el acuerdo del Parlamento catalán será suspendido automáticamente durante un máximo de cinco meses, hasta que se falle al respecto.
El recurso pide que se advierta a varios funcionarios catalanes, entre ellos al jefe del Ejecutivo en funciones, Artur Mas, y a la presidenta del Parlamento regional, la independentista Carme Forcadell, que podrían ser suspendidos de sus funciones si no se acata la decisión jurídica.
La Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, a la salida del Tribunal Constitucional, tras presentar hoy el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la resolución independentista del Parlamento de Cataluña. EFE
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno español, apreció el martes en el texto independentista «voluntad de desobediencia o desacato» a la Constitución y una «declarada insumisión a las instituciones del Estado».
El texto independentista contempla iniciar formalmente el camino hacia la independencia de la región del noreste de España, de 7,5 millones de habitantes, e insta a desobedecer al Tribunal Constitucional, al que considera «deslegitimizado».
También prevé aprobar en un máximo de 30 días tres leyes para sentar las bases de un «nuevo Estado catalán en forma de república».
El texto fue pactado por los partidos independentistas representados en el Parlamento catalán tras las elecciones del 27 de septiembre: la coalición Junts pel Sí -auspiciada por el actual jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas- y el partido anticapitalista CUP.
Fuente: Agencias – Clarin
