Una resolución del máximo tribunal pone estrictas pautas a la hora de detener a una persona.
En la mañana de este 24 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo público un fallo que respondió a un habeas corpus presentado de la ONG de derechos humanos mendocina Xumek, que le pone un claro límite a las detenciones realizadas por la policía y obliga a los fiscales y jueces a ser muy estrictos con los tiempos máximas en que una persona puede estar privada de su libertad.
Así, el escrito dispone que los fiscales provinciales deberán informar cada detención, en un máximo de 24 horas, a un juez de Garantías y éste, en el mismo plazo, resolver si esa persona debe continuar detenida o bien ser liberada. La Corte también pone límites a las prisiones preventivas, que deberán ser dictadas por un período determinado y como última opción.
La resolución es la segundo en una semana que complica al gobierno de Alfredor Cornejo. La semana anterior, el máximo tribunal le cerró la puerta definitivamente a las inversiones de la mega minería en Mendoza al ratificar la ley antiminera, la 7.722, cuando determinó su íntegra constitucionalidad.
El fallo
El ministro de la Corte Omar Palermo fue el encargado de argumentar a favor de la postura de Xumek, y detallar las razones de la limitación a las detenciones. Su postura fue acompañada por los demás supremos Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez. Palermo es un magistrado muy identificado con la política de DDHH del kirchnerismo. Incluso antes de ser propuesto de Paco Pérez para ser parte de la Corte local, se desempeñaba como fiscal especial para delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal de Mendoza.
Entre los argumentos que sostienen el fallo, la Corte toma datos estadísticos del Ministerio Público Fiscal, que afirman que 56% de los detenidos permanece privado de libertad por la sola decisión del fiscal a cargo de la investigación y sin intervención de un juez; además, 47% de las detenciones preventivas dictadas este año, hasta pasado el 17 de noviembre, finalizaron con la liberación de los acusados por falta de pruebas para llevarlos a juicio oral y público.
Justamente la presentación inicial, realizada por los abogados de DDHH Pablo Salinas y Diego Lavado, se escudó en estos datos para pedir que se terminara con la arbitrariedad de los fiscales provinciales a la hora de decidir la libertad o no de un detenido, con plazos imprecisos que muchas veces hacían que los detenidos pasaran mucho tiempo en la cárcel sin avances en sus causas.
En ese sentido, y con afán de no provocar al Poder Ejecutivo, el referente en DDHH Fabricio Imparado, opinó que “la decisión de la Justicia en nada afecta al Gobierno. La intención no es llenar a las calles de delincuentes, lo que planteamos es el sistema funcione y no que por la falta de recursos para acelerar las causas haya gente perjudicada”.
Diferentes opiniones entre magistrados
Citadas por medios locales, Susana García y Belén Salido, fiscal de Cámara y jueza de la Séptima Cámara del Crimen, respectivamente, coincidieron en un primer análisis que el fallo de la Corte “es lo adecuado, lo que corresponde, es un fallo que da garantías para todos y la sociedad no tiene que alarmarse”.
Por su parte, el titular de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Armando Martínez, consideró que el fallo “es al menos apresurado”. Y destacó que “tiene buenas intenciones, pero me parece apresurado”. En ese sentido, el juez afirmó que “la Corte no puede decirle a los fiscales cómo trabajar, ya que eso es atribunción del procurador”. “En ese punto creo que la Corte pasó una barrera”, agregó.
Analizando las posibilidades concretas de cumplir con la postura del máximo tribunal, Martínez afirmó que “es materialmente imposible cumplir con eso, no tenemos recursos humanos ni infraestructura para hacerlo. Además, la Cámara de Apelaciones ya ha dicho que ese plazo de diez días que establece el Código Procesal Penal es ordenatorio y no fatal, es decir que no tiene un vencimiento claro. En definitiva, creo queno es el momento para un fallo así”.
Malestar en el Gobierno provincial
El fallo de la Corte cayó muy mal en el Gobierno provincial, donde ven una demostración de fuerza del máximo tribunal a la nueva gestión encabezada por Alfredo Cornejo.
Asimismo, en estricto off se remarcó que el fallo lo redactó “un abierto kirchnerista”, y fue avalado por dos ministros de extracción peronista, como Nanclares y Gómez. Lo que no supieron explicar en el Gobierno es por qué el radical Pérez Hualde acompaño.
Quien habló abiertamente de fallo fue el ministro de Seguridad, Gianni Venier. El abogado no escatimó en crítica, y espetó que la resolución de la Corte, lisa y llanamente, “fortalece a la delincuencia”.
Ofuscado, Venier salió, por expresa orden de Cornejo, a cuestionar el fallo y a la Corte, y a advertir de los posibles “descalabros” que provocará. “No se está teniendo en cuenta la problemática de la provincia. Hoy Mendoza no resiste un fallo como este. Se podría decir que es un ‘fallo sacapresos’, pero no porque ese sea el objetivo final, sino porque es lo que va a terminar ocurriendo cuando los fiscales y los jueces no puedan cumplir con los tiempos que se están pidiendo. Y si no quedan en libertad los sospechosos, se habilita la posibilidad de que después le reclamen al Estado”, bramó Venier.
Una opinión más general pero también en contra fue la de la vicegobernadora, Laura Montero. La cobista afirmó que “el fallo debió haberse consultado porque tiene implicancias muy fuertes sobre el accionar del sistema de seguridad, ya que pone a las fuerzas policiales en una situación complicada”.
En esa línea, la vice Cornejo advirtió sobre que “hay que ver si los jueces van a poder cumplir esos plazos porque, de no hacerlo, los efectos pueden ser muy nocivos para la ciudadanía. La gente vive con temor y está angustiada, por lo que considero que es un fallo inoportuno, inconsulto y riesgoso para todos”.
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