Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, permitir que las personas jurídicas puedan financiar a los partidos “daña la democracia y favorece la corrupción”.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se pronunció enfáticamente en contra de que las empresas puedan aportar a las campañas electorales, tal como se pretende en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, y que se encuentra trabado por falta de acuerdo.
La ACIJ emitió un comunicado donde advirtió que “los grandes escándalos de corrupción de los últimos años, tanto en Argentina como el resto de la región, estuvieron vinculados al financiamiento empresario de la política”.
“Cada uno de estos ejemplos demuestra que el aporte de las empresas a los procesos electorales termina por cooptar al poder político y corromper el ejercicio del mandato popular”, sostuvo la organización.
Y agregó: “Por definición, el fin de las empresas es el lucro, y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa ‘inversión’ a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector”.
“En consecuencia, los partidos políticos que acceden al poder terminan condicionados por los intereses de sus aportantes, comprometiendo seriamente el interés general”, insistió la ACIJ.
Sobre el proyecto -que fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias-, la entidad consideró que “de aprobarse, esta medida representaría un retroceso democrático, favorecería la corrupción y aumentaría los riesgos de captura del Estado por parte del sector privado”.
“El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen favorecer a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general”, explicó.
Por eso, la ACIJ señaló que “habilitar el aporte empresarial es una de las peores reformas posibles al sistema institucional y electoral, que de ser aprobada facilitará procesos de captura del Estado por parte de empresas privadas”.
“Por otra parte, la medida no hace más que incrementar la desigualdad entre los distintos partidos y expresiones políticas en favor de aquellos que acceden con mayor facilidad a fuentes de financiamiento empresario”, añadió en el documento.
En tanto, la organización indicó que a pesar de que la iniciativa oficial establece topes y limitaciones a los aportes empresarios, “no hay motivos para suponer que los límites y nuevas prohibiciones serán respetados o que el sistema de control funcionará”.
“La solución al actual problema no puede ser la legalización de una práctica nociva para el sistema democrático y que atenta contra la independencia de quienes tienen que decidir en función del bien común. Al contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos que violan la norma”, concluyó la ACIJ.
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