El juez federal Ariel Lijo llamó a declarar a Daniel Filmus, actual ministro de Ciencia y Tecnología , al diputado macrista Luciano Laspina y al ex diputado, Diego Bossio, en la causa que investiga a la multinacional tabacalera «Massalin Particulares» por presunta defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
La investigación se abrió a raíz de la Ley de Impuesto Mínimo sancionada en 2017 y que benefició a las multinacionales tabacaleras, en una causa que involucra a diputados de distintos colores políticos, funcionarios de la AFIP y empleados de Massalin Particulares.
La causa investiga los posibles delitos de connivencia pública/privada, además de estafa procesal, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario en los que podrían estar además involucrados Luciana Valeria Tierri, directora de legales de Cono Sur representando a «Massalin Particulares»; Julián Ruiz, subdirector general de Fiscalización de la AFIP, que presentó su renuncia al cargo el pasado 31 de marzo, complicado por esta y otras causas, como reveló en exclusiva LPO.
Voceros del ministro Filmus explicaron a LPO que el ministro irá a declarar como testigo para ofrecer detalles sobre la sanción de la polémica ley, ya que en su caso votó en contra.
También forman parte de la investigación Pilar Mele, abogada de Philip Morris Internacional; Guillermo Carlos Fernández Lobbe, director de AFIP y Matías O Farrell, CEO de Massalin.
Lijo pidió a la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que confirme las circunstancias, características y motivos de las audiencias realizada por los involucrados en ese tiempo, siendo que la única empresa que fue recibida por dichos funcionarios pertenecían a Massalin Particulares.
También pidió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que le sean remitidas las discusiones taquigráficas de la Ley 27.430 (publicadas el 29/12/2017), referentes a la decisión y votación sobre reforma tributaria, rebaja de impuestos a la tabacaleras del 75% al 70% e incrementos de los impuestos mínimos a todo el sector.
La causa la inició hace cinco años Tabacalera Sarandí, que mantiene un permanente litigio con la Massalin Particulares. «Nos sentimos los principales perjudicados por esta Ley de 2017 hecha a la medida del gigante mundial Philip Morris-Massalin Particulares, en connivencia con funcionarios de la administración del expresidente, Mauricio Macri», sostuvieron desde la empresa.
Sarandí acusa a la multinacional de «maniobras políticas para aprobar una reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas para las grandes corporaciones e introdujo un impuesto mínimo que perjudica a las pequeñas y medianas empresas con el fin de obligarnos al cierre definitivo de las operaciones, lo que conllevaría miles de nuevos desocupados».
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