Los legisladores de FxBA aseveraron que los dichos del jefe de Gobierno «reproducen narrativas de odio, estigmatización y criminalización contra legisladores, organizaciones sociales y familias afectadas por desalojos».
Luego de que la Justicia porteña frenara los desalojos, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscan repudiar los dichos del alcalde local, Jorge Macri, contra el diputado Alejandro ‘Pitu’ Salvatierra por haber fomentado la medida cautelar que puso en pausa esas acciones.
De esta manera, los peronistas le pidieron al Parlamento porteño que exprese «su más enérgico repudio» a los dichos del jefe de Gobierno, dado que consideraron que constituyen «un acto discriminatorio
institucional» debido a que utilizaría su «investidura pública para estigmatizar su identidad política y territorial, criminalizar su intervención legislativa y reforzar prejuicios contra personas en situación de vulnerabilidad habitacional».
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados recordaron diversas frases de Macri contra Salvatierra. “Para sorpresa de nadie apareció un kirchnerista a defender okupas”; “Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas”; “Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad”; “Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz”; y “Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada”, son solo algunas de las frases que el funcionario habría proferido.
Además, explicaron que «se suman otras manifestaciones atribuidas al jefe de Gobierno, en las que se insiste en presentar al diputado Salvatierra como alguien que ‘ignora la Ley’ y en contraponer una supuesta defensa de ‘los porteños vulnerables’ frente a quienes los ‘usan’. Este conjunto de expresiones no puede ser leído como una mera controversia política ni como una simple diferencia de criterio en
materia habitacional. Se trata de una construcción discursiva que descalifica personalmente a un diputado de esta Legislatura, estigmatiza su pertenencia política y territorial y presenta su intervención institucional como una conducta asociada a la ilegalidad».
Sobre esa misma línea, desde FxBA aseguraron que «el uso sistemático de rótulos agraviantes y etiquetas que asocian al diputado y a los sectores con los que trabaja con la usurpación, el delito o la amenaza al orden público, emitidos desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo local, reproduce narrativas de odio, estigmatización y criminalización contra legisladores, organizaciones sociales y familias afectadas por desalojos, en contradicción con los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad, no discriminación, libertad de expresión responsable y protección del espacio cívico democrático».
«Las expresiones cuestionadas adquieren una gravedad adicional por estar dirigidas contra un legislador cuya trayectoria pública se encuentra estrechamente vinculada a su origen en sectores populares y a su trabajo social en barrios vulnerables de la Ciudad. La utilización de apelativos despectivos, estigmatizaciones territoriales y asociaciones automáticas entre pobreza, marginalidad e ilegalidad reproduce prejuicios históricos que han afectado a amplios sectores de la sociedad argentina», añadieron.
Por lo que concluyeron precisando que «las expresiones utilizadas por el jefe de Gobierno son especialmente graves porque no provienen de un particular, sino de la máxima autoridad política del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Cuando quien gobierna utiliza su investidura pública para señalar a un legislador opositor mediante sobrenombres denigratorios y asociarlo públicamente con la ilegalidad, no está simplemente opinando: está habilitando una forma de estigmatización institucional, con capacidad de producir efectos concretos sobre el debate público, sobre la seguridad personal de los señalados y sobre la percepción social de los sectores vulnerados».
El conflicto se desató luego de que Salvatierra se presentara ante la Justicia para pedir que se frenen los desalojos y que el juez Roberto Gallardo diera lugar a la medida cautelar. Por su parte, desde el Gobierno porteño anunciaron que apelaran la medida, para continuar con el plan de recuperación de propiedades que ya lleva 800 inmuebles en los últimos meses.
El fallo le prohibió al Gobierno de la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando se detectan situaciones de riesgo edilicio. La resolución sostiene que esas decisiones no pueden ser tomadas si no se garantiza previamente un piso mínimo de garantías técnicas, sociales y habitacionales. Desde el GCBA advirtieron que en los operativos de la Ciudad trabajan la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, que certifica los riesgos edilicios; la Red de Atención y el Consejo de los derechos del niño, niña y adolescentes, que se ocupan de la situación social y habitacional de los ocupantes
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