La libertaria Lucía Montenegro (LLA) impulsó una iniciativa para obtener información sobre una denuncia penal advierte sobre uso fraudulento de datos profesionales y posible manipulación de sistemas en la Agencia de Control.
Luego de que se conociera una denuncia por supuestas habilitaciones irregulares, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro impulsó en la Legislatura la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto mediante el cuál buscará obtener información acerca de las acusaciones en contra del arquitecto Enrique Ángel Arbeleche, quien alertó sobre el uso fraudulento de sus datos profesionales y posible manipulación de sistemas en la Agencia de Control.
La denuncia en cuestión fue realizada por el propio Arbeleche, quien aseguró que podrían existir miles de locales habilitados de manera irregular. En la causa -identificada como denuncia 1482648, en trámite ante la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 15 especializada en delitos contra la administración- el arquitecto solicitó ser tenido como querellante y aseveró que terceros habrían utilizado su identidad profesional sin autorización para tramitar habilitaciones comerciales en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el denunciante sostiene que estos trámites se habrían realizado mediante plataformas digitales oficiales, con presentación de documentación técnica y administrativa que simulaba su intervención, pero sin su conocimiento ni participación. En ese marco, la denuncia encuadra los hechos en posibles delitos como falsificación de instrumento público, inserción ilegítima de datos en sistemas informáticos y usurpación de título profesional.
Debido a esta situación, Montenegro impulsó un texto para que el Gobierno porteño informe si recibió denuncias administrativas, judiciales o extrajudiciales vinculadas a la utilización irregular de firmas profesionales, firmas digitales o documentación técnica en expedientes de habilitación comercial; la fecha de recepción de las mismas y si los hechos habían sido puestos en conocimiento de la Procuración General de la Ciudad, de la Sindicatura General porteña, de la Auditoría General y/o del Ministerio Público Fiscal.
También pidió que se indique la cantidad de expedientes de habilitación comercial que podrían encontrarse alcanzados por los hechos denunciados; la cantidad de trámites aprobados en los últimos cinco años; si se dispuso la revisión, auditoría, suspensión preventiva, reapertura o nulidad de expedientes vinculados a la matrícula profesional involucrada, detallando alcance y estado de dichas actuaciones; entre otros puntos.
En los fundamentos de la iniciativa, Montenegro explicó que «la eventual existencia de irregularidades de esta naturaleza reviste una particular gravedad institucional, toda vez que podría comprometer la confiabilidad de los procedimientos administrativos, la eficacia de los mecanismos de control estatal, la seguridad jurídica de los administrados y la integridad de los sistemas de validación documental utilizados por la Administración Pública» y consideró que «la magnitud que podrían alcanzar los hechos denunciados torna necesario determinar con precisión cuál fue su alcance real, qué organismos intervinieron, qué mecanismos de control se encontraban vigentes al momento de los hechos y cuáles fueron las medidas adoptadas por la Administración para investigar, corregir y prevenir eventuales irregularidades».
«Resulta de especial interés conocer si existieron alertas previas, fallas procedimentales o deficiencias en los sistemas de validación de identidad profesional, matrícula habilitante o firma
digital, así como también si se impulsaron investigaciones destinadas a determinar responsabilidades administrativas, disciplinarias o judiciales», continuó y concluyó planteando que «corresponde evaluar si los mecanismos actualmente vigentes resultan adecuados para garantizar la autenticidad de la documentación presentada en trámites de habilitación y para prevenir situaciones que puedan afectar la transparencia, legalidad y confiabilidad de la actuación administrativa».
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