El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, reclamó en la Cámara baja que se apruebe el proyecto de ley sobre lavado de dinero que el Ejecutivo envió al Congreso en junio pasado. En caso contrario, advirtió, la Argentina será gravemente sancionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicada a coordinar el combate mundial contra el bloqueo de activos.
Alak, quien se reunió con los integrantes de la Comisión de Justicia, reconoció que la situación es muy delicada y admitió que la Presidenta lo instruyó «para que los alertara sobre la gravedad de la situación». Según explicó, el GAFI advirtió que de no haber una modificación del tipo penal antes de la próxima reunión del grupo (que se realizará el 20 de junio en México), el país será sancionado.
Esto implicará más controles financieros internacionales sobre la Argentina y la apertura de un proceso que podría terminar en la inclusión de nuestro país en la «lista gris» del organismo internacional, integrada por países que no demuestran voluntad política para combatir el bloqueo de activos. Al respecto, el ministro de Justicia aseguró que la sanción la padecería «la economía, el sistema financiero, el comercial y toda la sociedad argentina.
El apuro oficial surgió tras el último informe del GAFI, que alertó que la Argentina cumplió con dos de las 49 recomendaciones contra el lavado de dinero. Acompañado por José Stabella, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Julio Alak confirmó que en 2010 se denunciaron 3.169 operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La respuesta opositora
Los diputados del arco no kirchnerista responsabilizaron al Ejecutivo por la eventual sanción al país y reclamaron que la UIF cobre más independencia. Además, el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) manifestó su sospecha de que el organismo «es usado para perseguir a los opositores».
Por su parte, Margarita Stolbizer (Gen) remarcó: «La Presidenta se acordó tarde. Hace más de seis años que el país es observado por su falta de cooperación y capacitación técnica en la prevención y represión del delito de lavo de dinero».
Asimismo, Juan Carlos Vega (CC) sostuvo que «no hay ninguna justificación para permitir que la Argentina sea sancionada por el GAFI» y el titular de la Comisión de Finanzas, Alfonso De Prat Gay, le hizo notar a Alak que «en 2008 hubo un amplio blanqueo de capitales gracias a las leyes argentinas». En tanto, Federico Pinedo (Pro) reiteró la necesidad de «mantener en secreto la información recibida para poder combatir el delito».
Diferencias en torno a la UIF
La principal crítica de los opositores es a la Unidad de Información Financiera (UIF). Por un lado, el oficialismo propone que la designación del titular siga estando a cargo del Poder Ejecutivo y que se le dé al organismo la capacidad de intervenir en las causas judiciales.
Por otro lado, la oposición plantea que las autoridades de la UIF sean designadas por el Ejecutivo, pero propone que los postulantes integren una terna que surja de un concurso dirigido por un jurado de expertos. Asimismo, los opositores quieren impedir la capacidad de que el organismo intervenga en causas judiciales que no fueron iniciadas por la UIF.
Fuente: tn.com.ar
