Es ley el proyecto reformado por la Cámara alta, que crea un marco regulatorio para la medicina privada. Sólo se abstuvo la Coalición Cívica, que exigía tratar el proyecto original; y el Pro, que se manifestó en contra. Las empresas no podrán aumentar las tarifas de los afiliados mayores de edad ni rechazar a quienes tengan enfermedades preexistentes.
El kirchnerismo logró sancionar la ley que crea un marco regulatorio para la medicina prepaga, que ya no podrán subir las tarifas de los mayores de 65 años como tampoco rechazar afiliados con enfermedades preexistentes.
La ley tuvo el aval del Frente para la Victoria-PJ y de sus habituales aliados, como también de la UCR, del peronismo federal y del interbloque de centroizquierda, ahora garantizó el quórum junto al Gen, el socialismo y el Frente Cívico de Luis Juez.
Aunque se abstuvo al momento de votar, el Pro fue el único bloque que manifestó su rechazo explícito al proyecto a través de Gabriela Michetti. “No ayuda desde el punto de vista del ciudadano la prestación de salud”, se justificó.
“No creemos mal que haya empresas privadas que presten sus servicios, pero creemos que el Estado tiene que regular por tratarse de la salud”, desatacó y anunció que pronto presentaría un proyecto para reformar el sistema integral de salud.
La otra abstención llegó por parte de la Coalición Cívica aunque por un motivo diferente: pidió insistir con el dictamen sancionado hace dos años por Diputados reformado en diciembre en el Senado por acuerdo de la UCR y el kirchnerismo.
“Tendríamos ley si no se hubieran hecho las modificaciones impulsadas desde el PJ-Frente para la Victoria y el radicalismo. La Coalición Cívica quiere que haya regulación”, dijo Juan Carlos Morán.
“La regulación de las prepagas no puede terminar siendo el buen negocio de Moyano, Zanola y demás sindicalistas corruptos”, remató Morán. Como siempre que se dicen cosas de este calibre, el kirchnerista Carlos Kunkel saltó de su banca para refunfuñar.
La referencia al sindicalismo no es casual: uno de los cambios que el kirchnerismo logró en el Senado es el de excluir expresamente a las obras sociales de la regulación.
Ante la ausencia de Carrió, como referente de la Coalición Cívica Horacio Piemonte avisó antes de terminar la sesión que su bloque abstendría ante la imposibilidad de conseguir acuerdos la bancada se abstendría. El total de abstenciones llegó a 29 y el proyecto se sancionó con 190 votos positivos. Nadie se atrevió a votar en contra.
La principal objeción de las prepagas es el artículo 10 del proyecto que las obliga a no rechazar afiliados por enfermedades preexistentes. En esos casos, deberán ahora acordar un precio diferencial con el Gobierno.
Aunque su bloque no había dado quórum, Ricardo Gil Lavedra, titular de la bancada radical, votó a favor aunque le pidió a la presidenta que corrija este punto en la reglamentación.
“Estamos perdiendo de vista que el derecho de salud es un derecho humano básico y que los segmentos más pobres de la población dependen del Estado”, señaló.
Y dijo que si la norma no es modificada será tratada de inconstitucional “porque los derecho que derivan de un contrato integran el derecho de propiedad”, precisó.
Desde su bloque, el vicepresidente de la Comisión de Salud, el correntino Agustín Portella, ratificó su disconformidad con las múltiples autoridades de aplicación que tiene el proyecto. Es que para algunos casos será Salud para otros la secretaria de Comercio, que ahora ya negocia los precios con las empresas. «Dicen que no hay regulación pero ésa es una», aclaró Portella.
Por el kirchnerismo la defensa la hizo el diputado chaqueño Antonio Morante (FpV), titular de la comisión de Salud, quien precisó que “por cada peso que va al sistema público, van tres pesos con cincuenta a la medicina prepaga”.
También aportó la centroizquierda, que había aportado con el quórum y compartido con los K la urgencia del tratamiento. “Este mercado, el de las prepagas, no es un mercado de competencia, si fuera de competencia habría que regularlo igual, pero no es de competencia”, dijo Claudio Lozano, de Proyecto Sur.
Remarcó además que las prepagas mueven 15 mil millones de pesos a través de 250 empresas, pero sólo unas pocas concentran el 80% del mercado. Se tratan de OMID, Galeno, Medicus y Switt Medical Group.
Apuntó a Osde, al considerar que es una obra social pero funciona como prepaga, un aspecto del que se debatió en el Senado pero, según Lozano, no fue resuelto con claridad.
Fuente: lapoliticaonline.com
