Fue presentado hoy para «ENDURECER LAS PENAS A DIRIGENTES POLÍTICOS Y DEPORTIVOS QUE APAÑEN A LAS BARRAS BRAVAS»
Hoy, martes 28 de agosto a las 15hs, piso 3, oficina 352 del bloque Unión Por Todos en el edificio del anexo del Congreso Nacional, se presentará el proyecto de ley de la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) quien junto al legislador Juan Pablo Arenaza, presidente del mismo bloque en la Ciudad de Buenos Aires, solicitarán el endurecimiento de penas tanto a políticos como a gente vinculada con el deporte que apañen a los barras bravas. Se harán presentes también los diputados Eduardo Amadeo y Lino Aguiar (Frente Peronista), Gerardo Milman (GEN), Omar de Marchi (Partido Demócrata de Mendoza), y Mario Fiad (UCR). Asistirá a la presentación el presidente del Club Independiente, Javier Cantero.
CONTRA LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL.
HOY, MARTES 28 DE AGOSTO, 15 HS., PISO 3, OFICINA 352, ANEXO DEL CONGRESO
Fundamentos del proyecto de ley que presenta Juan Pablo Arenaza:
Señora Presidenta:
Esta propuesta legislativa se basa, fundamentalmente, en que las instituciones públicas deben desalentar la violencia en cualquiera de sus formas y, en este caso, en particular en el fútbol, que es la razón principal por la cual muchas familias desisten de ir a la cancha a disfrutar del espectáculo por temor a que se produzcan incidentes, agresiones o manifestaciones de violencia que pongan en riesgo sus vidas.
Es de público conocimiento que, dentro de las «hinchadas» (entendidas como conjuntos de simpatizantes –o partidarios, según la Real Academia Española– de un equipo deportivo), en especial en el caso del fútbol, existen grupos organizados para producir acciones violentas dentro y/o fuera del estadio, antes y/o después de los partidos.
En nuestro país, se utiliza el término «barrabravas» para designar a los integrantes de estas organizaciones. La voz aparece en diccionarios del español de la Argentina desde 1991, siendo su origen muy claro: barra, ‘hinchada’+ brava, ‘violenta’.
Deberíamos distinguir entonces al hincha común -o aficionado- del «barrabrava» (o hincha violento, término de preferencia de Federico Javaloy Mazón; catedrático de Psicología Social de la Universidad de Barcelona, 1996), dado que el primero asiste al evento con espíritu pacífico, un fin recreativo y por el placer del espectáculo mientras que el barrabrava lo hace con predisposición a la agresión y la violencia, dando curso en muchos casos a su voluntad de exhibir poder, y para reafirmar su pertenencia a un grupo que, además hace buenos negocios gracias a sus prácticas violentas.
Así es como a la hora de analizar la problemática de los barrabravas debe considerarse tanto su asociación directa con la generación de desmanes y violencia como su vinculación con la política (en el plano de la dirigencia de los clubes y/o aquél que engloba a políticos en el ámbito local, provincial y/o nacional) y la Policía Federal. Todo ello se encuentra reflejado muy claramente en el libro «La Doce, la verdadera historia de la barra brava de Boca», de Gustavo Grabia, editorial Sudamericana. De hecho, Grabia –quizás el mayor especialista argentino en temas de violencia en el fútbol– ilustra en su libro muchas de las conexiones entre las hinchadas violentas de los clubes argentinos y el poder, tantas que no podemos dejar de seleccionar al menos unas pocas de modo de transmitir aquello que él tan contundentemente planteó en su detallado escrito.
En primer lugar, nos parece relevante lo que Grabia define como la ecuación de La Doce: «mientras negocian con la dirigencia, aprietan al plantel». De la dirigencia obtienen, por ejemplo, entradas para su gente y de los jugadores financiamiento… Más alarmante aún son las historias vinculadas con el ámbito político fuera del nivel dirigencial de los clubes. Por ejemplo, en una nota de una conocida revista de gran tirada nacional, un integrante de una barrabrava declaró que el jefe de esa barra recibió en prebendas 450 Planes «Trabajar» y que varios barrabravas se infiltraron en una de las marchas que se realizó luego del desalojo de una fábrica en apoyo a los piqueteros que la habían tomado, cuando un ministro le pagó 20 mil pesos al jefe de la barra para que lleve a 100 barrabravas con el fin de violentar la marcha.
Los barrabravas constituyen una forma de organización que hace negocios, pero se enriquece ilícitamente. Además, según un fallo, quizás histórico, de la Justicia, aquel que puso en prisión al jefe de La Doce, se reconoce a esta barra brava como un grupo organizado con fines delictivos: «A los acusados los une un vinculo grupal y sus conductas fueron establecidas antes de iniciarse la agresión. Se trata de un grupo organizado con algunos jefes visibles, la mayoría de los ahora condenados se encuentra sometido a proceso por el delito de asociación ilícita».
En cuanto a la relación de los barras con la Policía Federal, no sólo es evidente cuando se liberan molinetes para que los barrabravas ingresen al estadio sin pagar y que los efectivos no hagan nada sino también en otros aspectos más lamentables. Un ejemplo es el del pacto de los barras con los dirigentes por el que se comprometen a no generar disturbios durante los partidos (como el caso de los Borrachos del Tablón en el estadio de Mar del Plata, año 2002), el cual permite a la Policía enviar menos efectivos de los contratos por la organización, y quedarse con la diferencia del pago.
Creemos que la selección de manifestaciones expuestas (a la que deberíamos sumarle la matriz de negocios «concatenados», como la venta de sistema de seguridad y control, el circuito de abogados que se especializan en la defensa de hinchas acusados de violencia deportiva, el clientelismo y la utilización con fines políticos de las barrabravas) resulta una muestra representativa de cuán difícil se torna proponer proyectos legislativos para combatir este tipo de delincuencia.
Así es como, dentro de las dificultades que se presentaron a la hora de pensar propuestas normativas efectivas y susceptibles de ser puestas en práctica, entendimos que una acción al alcance de la mano para nosotros, legisladores, es evitar que estos barras formen parte de la administración pública, con la intención de que sea imposible que el empleo en el sector público sea una moneda de cambio y, por lo tanto, reducir uno de los posibles favores políticos así como también con el objetivo de combatir la violencia en el deporte, no sólo desde las palabras sino también con hechos, impidiendo que los barrabravas que probadamente han cometido delitos puedan ser personal del Estado.
En síntesis, este proyecto propone modificar las condiciones de admisibilidad del personal que puede integrar la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, entendemos que debe aplicarse esta medida en dirección de impedir la incorporación de barrabravas que hubieran sido condenados o procesados con auto de procesamiento firme por contravenciones o delitos vinculados con su accionar como barra, y así contribuir, al menos desde lo político, a reducir este flagelo que desde hace años se cobra vidas inocentes a la vez que se presta a todo tipo de utilizaciones con fines nada lícitos.
Por lo expuesto, solicito acompañen el presente proyecto de ley.
