El Tribunal Europeo de Derechos Humanos canceló el desalojo de un edificio de viviendas ocupadas por 16 familias en la ciudad de Salt, Catalunya.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió suspender los despidos de las viviendas aunque la medida quedó sin efecto de manera temporal lo que supone un gecho importante ya que atendió a las razones humanitarias que alegaron los ocupantes, a quienes la justicia española les dio la espalda.
Las familias del edificio, en su mayoría inmigrantes, celebraron la decisión judicial entre lágrimas y gritos de «si se puede», tras pasar una noche muy tensa bajo la amenaza de ser desalojados por la policía. «Lo hemos pasado muy mal, con muchos nervios, y estamos muy agradecidos a la gente que nos apoyó», afirmó a Télam Nuria Brugalada, una de las 43 personas que viven el edificio.
El caso de Salt es emblemático ya que los afectados iban a ser desalojados a pedido de una entidad que fue diseñada por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, en el marco de una política que supuestamente debe resolver los problemas derivados de la crisis financiera en España.
«Este caso es el ejemplo de la vergüenza que denunciamos: la exigencia de departamentos recatados con dinero público que ahora se quieren entregar a inversores y especuladores extranjeros», dijo la vocera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, después de celebrar la noticia de la paralización del desalojo.
La plataforma ciudadana realojó ya a unas 700 personas a través de la ocupación de las más de 300.000 viviendas vacías que denuncian que existen en el país
El bloque de viviendas, ubicado en la provincia de Girona, llevaba tres años vacío y fue ocupado hace ocho meses por la PAH con la intención de ayudar a un grupo de familias.
La plataforma ciudadana realojó ya a unas 700 personas a través de la ocupación de las más de 300.000 viviendas vacías que denuncian que existen en el país. El 47% de la población de Salt es inmigrante y aquí se produjeron el 50% de los desalojos de la provincia de Girona.
El abogado de los afectados, Benet Salellas, había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo exigiendo que se paralizara el desalojo de forma urgente alegando la vulneración de garantías y derechos fundamentales de los ocupantes del edificio por parte de la justicia española.
«Presentamos un amparo, una medida cautelar, ante la negativa de la justicia a atender los pedidos de carácter humanitario para proteger a estas familias, que no han sido escuchadas», explicó Salellas a Télam.
«El tribunal se pronunció de forma favorable sin entrar en el fondo del asunto, porque entiende que se debe evitar que se vulneren unos derechos fundamentales», añadió.
La resolución europea paraliza el desalojo hasta el 29 de octubre y pide al Ejecutivo español que informe de la situación de las familias afectadas antes del día 24 del mismo mes.
El letrado también destacó que se trata de un precedente «penal» que puede paralizar situaciones similares. «Esta decisión significa mucho para las familias que vivimos aquí. Parece que otros tribunales nos darán una solución que el gobierno español no nos da», afirmaba por su parte a esta agencia Bouchria Zanwouti, una mujer marroquí que vive en bloque de Salt con su marido y su hijo de 7 años.
A pesar de la decisión favorable, la situación de estas personas es aún muy vulnerable y «requiere de una solución política», remarcó Pau Llong, de la comisión de la Obra Social PAH.
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