Los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas estuvieron en Olivos con Cristina Fernández y el CEO de YPF, Miguel Galuccio para avanzar con una reforma a la ley de hidrocarburos. El objetivo es un acuerdo que incentive las inversiones en el sector poniéndole límite al acarreo de energía que realizan las empresas provinciales al asociarse en proyectos de inversión sin poner dinero, sino sólo el área para explotar. Se acordó que no se tocará la “Ley corta” que les transfirió la totalidad de los yacimientos ni se tocarán las regalías, pero habrá una ley para imponer el modelo de promoción de las inversiones que benefició a Chevron y que generó muchas críticas por las ventajas que recibió la compañía. De todos modos los mandatarios se llevaron un borrador, que no trascendió, para elevar propuestas el lunes 16/06.
Foto: Gobernación de Mendoza
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Este lunes (09/06) mientras el foco de atención estaba en los tribunales de Comodoro Py por la declaración indagatoria a Amado Boudou, en la Quinta de Olivos la Presidente Cristina Fernández se reunía con los gobernadores de las provincias petroleras para avanzar en una reforma a la ley de hidrocarburos. El objetivo es un acuerdo que incentive las inversiones en el sector, fundamentalmente poniéndole límite al acarreo de energía que realizan las empresas provinciales de energía al asociarse en proyectos de inversión sin poner dinero, sino sólo el área para explotar. El titular de YPF, Miguel Galuccio, se manifestó en contra de esa modalidad. Las provincias temieron en algún momento que el Gobierno buscara modificar la Ley 26.197, que les transfirió la totalidad de los yacimientos, conocida como “ley corta”. Sin embargo, la Presidenta les hizo saber que no impulsa una modificación de esa norma, aunque se elimina el “carry” por un canon, se llevaron un borrador para analizar hasta el lunes 16/06 cuando se realizará otro cónclave y se debatirán modificaciones. Ese texto no se dio a conocer, pero la idea de Cristina es transformar en ley los dos decretos que contienen las polémicas ventajas otorgadas a Chevron.
Sobre el acarreo, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, explicó ayer (09/06) que entre los puntos destacados del borrador está el fin del mecanismo de «carry», mediante el cual las petroleras provinciales participaban de los contratos. «Ahora, en lugar de acarreo, se va a plantear un canon de ingreso», señaló, lo que implica que si las firmas locales quieren entrar a un área deberán poner el dinero correspondiente.
El mendocino Francisco Pérez, explicó en conferencia de prensa en Olivos que “quedamos en que el próximo lunes aportaremos ideas al proyecto base con la visión de todas las provincias. El proyecto tiene que ver con el país hacia adelante», y recalcó que la iniciativa «respeta la ley corta y la Constitución reformada en 1994».
Las formas de asociación, los aportes de capital y de recursos, los plazos contractuales para explorar y explotar, las regalías para las provincias y el esquema fiscal a aplicar en la actividad son algunos de los temas en discusión. En las últimas semanas, Galuccio, consideró inadecuado el esquema por el que las empresas provinciales van asociadas con las compañías privadas bajo el sistema carry (acarreo), manteniendo un porcentaje de las áreas sin desembolsar un peso ya que ello atentaría contra las inversiones que se requieren.
Según el diario Los Andes, el proyecto hasta ahora promueve la llegada de dólares para los emprendimientos a través de una serie de ventajas para los concesionarios como plazos de explotación superiores, la homogeneización de las normas tributarias nacionales, provinciales y municipales, y la adopción de estándares mínimos comunes para el cuidado del medio ambiente.
En resumen, la idea de Cristina es una ley para darle un nuevo marco legal a las inversiones petroleras en los yacimientos de combustibles no convencionales, que tienen mayores costos y riesgos empresarios. Se inspiraría en los decretos 927 y 929/2013 firmados por ella misma para atraer inversiones en Vaca Muerta y permitir la asociación entre YPF y Chevron. Se trata, ni más ni menos, que convertir los denominados ‘decretos Chevron’ en una ‘ley Chevron’ a nivel nacional.
El decreto 927 refiere al tratamiento que se da a la importación de equipos para desarrollar yacimientos petroleros, en tanto que el 929 establece un régimen de promoción de inversiones nacionales y extranjeras para el sector en procura del autoabastecimiento. Todo esto asociado a la Ley 26741, de soberanía hidrocarburíferas, ilustra El Sol Online.
Uno de los puntos polémicos era el límite a las regalías que podían recibir las provincias. El gobierno apuntaba a fijarlas en un 12 por ciento, lo que estaba por debajo del nivel que tiene en algunas provincias o regiones.
El portal MDZ Online realiza un buen resumen de las negociaciones ilustrando así la cuestión: “Las provincias podrán seguir luciendo las joyas de la abuela, pero no les estará permitido disponer libremente de ellas. Es como si aquellas joyas fuesen empeñados, solo que los gobernadores recibirán a cambio inversiones de manera constante, por permitir que otro maneje todo el asunto”.
Y prosigue explicando que a las provincias “no les tocarán sus derechos sobre el suelo petrolero, pero a cambio deberán aceptar el “modelo Chevron” para futuras inversiones en los “petróleos raros” y no convencionales, con umbrales de inversión que bajan de los 1.000 millones de dólares que se le exigieron a Chevron para explotar Vaca Muerta, a 250 millones de dólares. Además, deberán firmar una ley convenio que garantice beneficios de los que no gozan las mayorías de las industria del país, como disponibilidad libre de divisas, y del 20 % del crudo extraído para exportar sin ningún tipo de gravamen. Las propias provincias podrán agregar beneficios locales a los de esta ley, pero no sumar costos a los inversores. Estas fueron las principales conclusiones de la enorme “rosca” petrolera de ayer que terminó en Olivos, y en la que Francisco “Paco” Pérez tuvo la posibilidad incluso de exponer las particularidades de los problemas mendocinos con YPF, por ejemplo la devolución de la mitad del área Chachauen y la deuda en Ingresos Brutos”.
Galuccio buscó reducir al mínimo el rol de todas las empresas de energía provinciales, con el argumento de que estas firmas encarecen las inversiones a través del «acarreo» que exigen en las licitaciones, es decir, la participación de entre 10% y 20% de las concesiones sin aportar dinero.
Esta avanzada de Galuccio fue el motivo por el cual YPF decidió no presentarse a una licitación de 8 áreas a la que llamó el gobernador mendocino Francisco Pérez, quien tenía todo listo para adjudicarle la mitad de ellas a la principal petrolera argentina.
Como devolución de gentileza, Pérez decidió revertir la mitad de una importante área -Chachahuén- que YPF concesiona junto a los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila.
Las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo. El derecho se los otorgó la reforma constitucional de 1994 y en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner avanzó con el cumplimiento de ese mandato al firmar el Decreto N°546, que estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias.
En noviembre de 2006, el Congreso fue más allá al sancionar la Ley 26.197, que les transfirió los yacimientos. Ese esquema permanecerá sin cambios, pero el gobierno nacional quiere que los gobernadores dejen de asociarse en los proyectos a través de empresas provinciales que no invierten un peso, pero tienen una participación en los bloques productivos licitados que van del 5% al 15% según el caso. La posición del gobierno nacional es que esa maniobra pone en riesgo la tasa de retorno de algunos proyectos.
Galuccio es quien empezó a presionar para modificar el acarreo e incluso manifestó su malestar públicamente sobre el tema en una conferencia de prensa que realizó el 21/05 en la torre de YPF, oportunidad en la que cruzó a Sapag, quien sin embargo defendió públicamente la modalidad cuestionado por Galuccio.
“Con Nación estamos trabajando en este proyecto de ley. No creo que haya problemas en cuestiones relacionadas a los plazos, al cuidado del medio ambiente y a medidas promocionales de la inversión. Las regalías deberían ser del 12% para los campos no convencionales y me adelanto a decir que estamos de acuerdo con que los Ingresos Brutos se fijen en un 3%. Hay provincias que lo tienen en el 5% y otras en el 2%. Nosotros estamos en 3,5%, por lo que tendremos que bajar medio punto”, sostuvo Galuccio.
Sin embargo, Sapag dejó en claro que defenderá el acarreo. “El punto de desencuentro (con el Gobierno) será cómo adjudicar las áreas, si lo hacemos a través de un contrato compartido, con carry (acarreo) o sin carry. Creo que no tiene que haber una fórmula única, sino que deben aplicarse todas las que permitan captar inversiones a la Argentina.”
Fuente: www.urgente24.com
