Carrió fue la primera en plantearlo hace una década, cuando tomó un proyecto de la Federación Agraria Argentina. Lo repitieron Orsolini y Forte, radicales provenientes de esa entidad, pero pese a las promesas el kirchnerismo nunca lo aceleró. Con su apoyo y el de los bloques progresistas la ley pasaría sin problemas.
En la sesión del 11 de agosto último el diputado radical Pablo Orsolini, vicepresidente de la Federación Agraria hasta unos meses antes, pidió preferencia para tratar cuanto antes su proyecto para limitar la extranjerización de tierras.
El jefe del bloque K Agustín Rossi lo confundió con otra iniciativa sobre arrendamientos que se había pensado para discutir junto a la 125, pero Carrió lo corrigió: “Este es un proyecto que se presentó allá por el año 2000, en virtud de la necesidad de saber con precisión quiénes son los propietarios de tierras en la Argentina”.
Irrumpió Carlos Kunkel, que rara vez habla y cuando lo hace es para repetir las impresiones de sus últimas charlas con el entorno presidencial. “El tema de la tenencia de la tierra y la administración de los recursos que ello implica es de honda preocupación para todos. Por ello, en modo alguno planteamos la necesidad de su consideración en comisión como un recurso dilatorio o para oponernos a su análisis”.
El pleno del cuerpo acoró que el tema fuera a la Comisión de Legislación General, presidida por la kirchnerista Vilma Ibarra, pero como casi todas las presididas por el kirchnerismo, casi no sesionó hasta fin de año fueron escasas.
Pero el expediente quedó en el olvido hasta la apertura de sesiones de este año Orsolini lo recordó a viva voz y Cristina desde el estrado se comprometió a hacer algo. “Pero hay que tener cuidado y ser prolijos”, se atajó.
Similares advertencias dijo hoy la presidenta para anunciar formalmente el envío del proyecto al Congreso. El texto establece tres restricciones fuertes:
Limita la adquisición de tierras por parte de extranjeros a un 20% de los territorios nacional, porcentaje que se replica en las provincias y municipios.
Del total de las tierras en manos de extranjeros, no podrá haber más de un 30% en manos de una misma nacionalidad.
Restringe a 1000 hectáreas la posibilidad a extranjeros por persona física o jurídica.
El único reparo es no tener prevista retroactividad, no involucrándose en los derechos adquiridos. No es una salvedad menor, pensando en lo que fue el discurso de la Federación Agraria enfocado a las cuantiosas adquisiciones de magnates.
“Cuando éramos chicos leíamos que Patoruzú era dueño de media Patagonia; ahora lo son Benetton, Lucas Tornquist y otros que se están quedando con miles y miles de hectáreas de nuestro territorio. Queremos poner algún límite a eso”, explicó en aquella sesión el radical Ulises Forte, también proveniente de la Federación Agraria Argentina y firmante del proyecto sobre el tema junto a Orsolini.
Forte asegura haber contado con el apoyo de palabra del Gen, el socialismo y de los referentes de su bloque. “Obviamente que siempre habrá alguno que no quiera, como tampoco me imagino que lo apoye el Pro. Pero la traba siempre fue el oficialismo. Con ellos, salía seguro”, explicó a LPO.
Los números le dan la razón. Cuando se dispuso a buscar aliados, el Frente para la Victoria-PJ, que tiene 86 diputados propios, alcanzó los 110 votos, 19 menos que la mayoría del recinto. Y apoyo del progresismo y de un puñado de radicales le garantizaría la sanción incluso si, como nunca ocurre, la sesión no tiene ausencias.
En el Peronismo Federal las aguas estarían divididas pero tampoco faltarían voces a favor. “Nunca lo hemos debatido pero yo estoy de acuerdo. Sólo haría algunas observaciones como un control mayor a las zonas limítrofes, donde suelen instalarse capitales desconocidos”, explicó a LPO el mendocino Enrique Thomas, diputado del peronismo federal y encargado habitual de negociar los proyectos en el bloque.
Forte cree que habrá sólo algunas correcciones. “Los bloques con sesgo progresista están de acuerdo desde lo conceptual, después puede haber algunas discusiones puntuales. Pero no se van a oponer”, insistió el diputado de La Pampa. Ese sería el triunfo del Gobierno: volver a levantar las banderas del progresismo en un Congreso que el año pasado le fue adverso.
“Debatir una ley para poner límites a la venta de tierras a extranjeros es una conquista de la Federación Agraria Argentina”, aclaró el titular de la entidad, Eduardo Buzzi.
El ministro de Agricultura Julián Domínguez, ya comenzó a buscar las alianzas que faltan. “Nuestro proyecto limita la propiedad y tenencia extranjera de las tierras rurales siguiendo al derecho comparado y teniendo en cuenta los diversos proyectos sobre la materia presentados en el Congreso”, anticipó
“Con este proyecto de Ley estamos protegiendo más de 200 millones de hectáreas argentinas, asegurando que el 80 por ciento de la tierra apta para la producción de alimentos y servicios ambientales quede en manos de los argentinos”, cerró el ministro.
Fuente: lapoliticaonline.com
