La Secretaría de Energía emitió este jueves una resolución que ordena a Cammesa dar de baja los contratos con compañías navieras para que transporten combustible para centrales eléctricas, un negocio que supera los cien millones de dólares. La fulminante decisión se tomó apenas cuatro horas antes que entren en vigencia los contratos y con los buques en camino.
La decisión anticipada por el sitio EconoJournal afecta a las siete compañías que ganaron la licitación y le da otra oportunidad a perdedoras como Maruba -la empresa históricamente asociada al SOMU- y también a Bahía Grande, vinculada al empresario Horacio Miró y National Shipping, entre otras empresas de un sector con muy pocos jugadores.
Con esta licitación fallida se abre un nuevo capítulo en la disputa por la dirección de la política energética, la interna mas caliente que enfrenta a la coalición gobernante.
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La explicación oficial para suspender la adjudicación a la que accedió LPO fue que «la Secretaría de Energía entendió que, pese a la reducción significativa de los costos ofertados, los precios obtenidos podrían ser aún más convenientes» y por eso el secretario Darío Martínez ordenó la realización de un nuevo proceso competitivo «con el fin de garantizar mejores condiciones económicas que las propuestas».
La mención a la reducción de cotos no es casual, la adjudicación dada de baja según fuentes del mercado había conseguido una reducción de 55 millones de dólares en los costos del transporte. Sin embargo, la decisión de Martínez sugiere que ese podría ser incluso mayor. En el sector se habla incluso de una posible cartelización de los ganadores de la ahora fallida licitación.
En Energía creen que el ahorro puede ser mucho más grande, lo que arroja enormes interrogantes sobre los precios que Cammesa venía pagando por un servicio que hasta la actual gestión no se licitaba y se adjudicaba de manera directa.
Se trata de un servicio crítico para el sector, que requiere de un óptimo cumplimiento para el transporte de un insumo básico para la generación eléctrica con que se abastece al Sistema Argentino de Interconexión.
La norma obliga a Cammesa a girar las licitaciones a Energía para que opine si le parece que son correctas. Martínez uso esa facultad para darla de baja, antes que avance la adjudicación.
«Seguramente hay empresas o actores involucrados que presionan para quedarse con el negocio», afirmó a LPO un funcionario de alto rango del área de Energía para explicar la decisión. En el sector incluso mencionan un supuesto interés de Cristobal Lopez por participar del negocio. En Energía no desmienten que haya interesados en ingresar, pero aclarar que será a menores costos que lo adjudicado.
Resulta que históricamente este servicio de contratación de buques tanque destinados a transporte y logística de combustibles líquidos para abastecer al sistema eléctrico se realizaba mediante contrataciones directas. Fue la actual administración de la Secretaría de Energía la que, por primera vez, realizó convocatorias abiertas a las empresas navieras en condiciones de brindar el servicio.
«Durante las últimas semanas, se llevó adelante un proceso para fijar las condiciones de competencia que, además de una prestación efectiva, aseguren el abastecimiento, los puestos de trabajo, la transparencia, seguridad, pero sobre todo una competitividad real de las ofertas. El objetivo es obtener las mejores condiciones económicas posibles con procedimientos más transparentes y una reducción significativa del gasto por este servicio», explicaron a LPO desde la cartera.
Lo llamativo es que la misma repartición que elogia la transparencia del proceso licitatorio anule la adjudicación que firmó hace apenas tres días. Ahora, fuentes oficiales consultadas por LPO argumentan que en la nueva licitación «la convocatoria será para todas las empresas navieras disponibles, para que participen de la nueva convocatoria, maximizando así la concurrencia y la obtención de las mejores ofertas posible», algo que se suponía cumplido en la anterior convocatoria.
Desde el entorno del secretario de Energía deslindaron la responsabilidad final por el giro y explicaron que en Cammesa -la firma que licita- el Estado solo tiene un 20 por ciento de participación. «Las formas de contratación son de empresa privada, no responden a la ley de administración financiera del Estado», señalaron.
Según esa lectura no hay razones que alienten demandas judiciales de las empresas perjudicadas porque «no existe empresa alguna a la que que se le haya adjudicado dicha licitación ya que la decisión fue suspender el acto», Sin embargo, los buques ya estaban navegando hacia las terminales de carga cuando se dio de baja el contrato y acaso puedan aducir que hubo principio de ejecución del contrato e interponer una demanda millonaria contra el Estado.
Mas allá de la participación accionaria minoritaria del Estado, la mesa ejecutiva de Cammesa responde a Federico Basualdo, que por su defensa de los subsidios protagonizó un sonoro choque con el ministro Martín Guzmán, formalmente su superior. La salida de Ariel Kogan de Cammesa se produjo luego de ese enfrentamiento y su posterior designación como subsecretario de Energía y asesor presidencial.
«A Kogan lo sacaron las mismas empresas. Basualdo no tuvo nada que ver. Tampoco tiene nada que ver en este mamarracho que tiene la firma de Martinez tanto en la ida como en la vuelta», afirmaron desde el entorno del subsecretario de Energía Eléctrica.
Como sea, conforme los nuevos términos y condiciones establecidos en el pliego a lanzarse la semana próxima, se encomendó a Cammesa fijar precios máximos que acaso tomen como base los de la fallida licitación, con la idea de conseguir un ahorro adicional.
